• Con los recientes crímenes contra Carlos Leonardo Ramírez y Luis Ángel López, Poza Rica se convierte en foco rojo en el norte del estado.
• La violencia contra el gremio alcanza a la gestión de Rocío Nahle, sumando tres homicidios y dos desapariciones en lo que va de su mandato.
En los últimos 25 años, el estado de Veracruz se ha consolidado como uno de los territorios más peligrosos de América Latina para el ejercicio periodístico. Desde el año 2002 a la fecha, la entidad registra un acumulado de 34 periodistas asesinados (29 hombres y cinco mujeres), una crisis de violencia estructural que ha atravesado seis gubernaturas de distintas filiaciones políticas y que continúa bajo el manto de la impunidad.
Los casos más recientes reactivaron las alarmas a nivel nacional e internacional. El pasado jueves 11 de junio, el reportero de nota roja Luis Ángel López Valdez fue perseguido de madrugada y ejecutado a balazos en las calles del municipio de Poza Rica. Este crimen ocurrió apenas cinco meses después de que, en el mismo municipio, fuera asesinado el joven de 28 años Carlos Leonardo Ramírez Castro, director del medio Código Norte Veracruz, quien contaba con antecedentes de amenazas y medidas de protección.
A la par de estos homicidios, en el sur de la entidad, las autoridades federales y estatales mantienen la búsqueda de la periodista Roxana Ramírez, quien fue sustraída con violencia de su domicilio en Nanchital por un comando armado y cumple nueve días desaparecida. Con estos hechos, la administración de la morenista Rocío Nahle García, iniciada el 1 de diciembre de 2024, acumula ya tres periodistas asesinados y dos desaparecidos en la entidad.
La cronología del horror periodístico en Veracruz evidencia que el periodo más letal se concentró durante el sexenio de Javier Duarte de Ochoa (2010-2016), con 18 homicidios documentados, entre ellos los de Regina Martínez (corresponsal de Proceso), Miguel Ángel López Velasco y su hijo Misael López Solana (de Notiver), Yolanda Ordaz y Moisés Sánchez.
Sin embargo, el asedio a los comunicadores ha sido una constante histórica. Desde los asesinatos de José Miranda Virgen en Boca del Río, Raúl Gibb Guerrero en Poza Rica (2005) y Roberto Marcos García en Alvarado (2006), hasta los crímenes perpetrados en años recientes contra María Elena Ferral en Papantla (2020), Jacinto Romero Flores en Ixtaczoquitlán (2021) y la fotoperiodista Avisack Douglas Coronado (mayo de 2025) en Rodríguez Clara, las investigaciones penales han carecido de resultados contundentes o castigos a los autores intelectuales.
Para los organismos defensores de la libertad de expresión, las 34 historias interrumpidas en Veracruz reflejan un patrón sistémico donde las amenazas previas y los mecanismos estatales de protección civil resultan insuficientes ante el alcance de la delincuencia organizada y la colusión de las autoridades locales, dejando coberturas inconclusas, familias desamparadas y una deuda histórica con la justicia.
