• Investigaciones señalan presunta protección estatal a la facción de “La Mayiza” y al grupo “Los Cabrera”. • La indagatoria de la FGR implica también a la fiscal general del estado, Sonia Yadira de la Garza.
La Fiscalía General de la República (FGR), bajo la dirección de Ernestina Godoy, prepara una causa penal en contra del gobernador de Durango, el priista Esteban Villegas, por presuntos vínculos con el narcotráfico y por brindar protección a las operaciones del grupo criminal “Los Cabrera”, célula vinculada a la facción del Cártel de Sinaloa conocida como “La Mayiza”.
De acuerdo con fuentes cercanas a la investigación reveladas por La Silla Rota, la justicia de Estados Unidos mantiene una indagatoria paralela y se prevé que presente cargos formales contra el mandatario estatal en cualquier momento. Trascendió que autoridades estadounidenses han contactado a funcionarios del círculo cercano de Villegas para testificar; aunque la mayoría ha declinado la propuesta, al menos un colaborador ya habría accedido a declarar.
El expediente señala que la administración estatal presuntamente extendió esquemas de protección a Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”, considerado el sucesor de Ismael “El Mayo” Zambada tras su detención en julio de 2024. Dicha situación detonó enfrentamientos armados en territorio duranguense entre “La Mayiza” y la facción rival de “Los Chapitos”.
La investigación de la FGR también alcanza a otros altos funcionarios de la entidad, incluyendo a la fiscal general del estado, Sonia Yadira de la Garza, señalando a un miembro de su entorno personal como el presunto enlace con Zambada Sicairos. Reportes indican que “El Mayito Flaco” habría abandonado la entidad y actualmente se desconoce su paradero.
Esteban Villegas, quien asumió la gubernatura en septiembre de 2022 mediante una coalición conformada por el PRI, PAN y PRD, estaría al tanto de la inminencia de las acciones judiciales, situación que presuntamente ya habría compartido con su equipo de trabajo. De proceder el caso, Villegas se convertiría en el segundo mandatario estatal en funciones en enfrentar un proceso penal de esta índole, sumándose a la situación que atraviesa Rubén Rocha Moya en el estado de Sinaloa.
Antecedentes de inteligencia militar derivados de los “Guacamaya Leaks” en 2022 ya habían advertido que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) poseía registros desde 2018 sobre presuntos nexos de la clase política de Durango con el Cártel de Sinaloa, implicando de igual forma a las administraciones de los exgobernadores Jorge Herrera Caldera e Ismael Hernández Deras.
