*.-Iniciativa de Morena reconoce “autonomía progresiva” de menores y obliga al sector salud a atender secuelas de violencia sexual. Evita mencionar aborto tras frenos previos.
El Senado se prepara para discutir una reforma que reconoce la autonomía progresiva y los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes, y coloca la anticoncepción como servicio prioritario del Estado.
La iniciativa, presentada por la senadora de Morena Martha Lucía Micher Camarena, busca establecer como obligación del sector salud atender “los efectos y consecuencias en la salud generados por la violencia familiar y sexual, y contra las mujeres, adolescentes y niñas”.
Es la tercera ocasión en los últimos seis años que el Senado intenta legislar en materia de salud sexual de menores de edad. En dos intentos anteriores, la presión de grupos de la sociedad civil frenó reformas que incluían de manera explícita el derecho al aborto para menores.
Por ello, el nuevo proyecto evita ese término y se enfoca en la prevención del embarazo adolescente, la permanencia escolar y el desarrollo integral de este grupo poblacional.
El documento señala que será materia de salubridad general “la prevención y atención a los efectos y consecuencias en la salud generados por la violencia familiar y sexual, y la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas”.
Además, establece que “los servicios en materia de salud sexual y reproductiva dirigidos a las personas adolescentes serán otorgados de conformidad con el principio de autonomía progresiva y el principio del interés superior de la niñez y de la adolescencia”.
La reforma plantea modificar el artículo 67 de la Ley General de Salud para estipular que “los servicios de anticoncepción y la planificación familiar tienen carácter prioritario. Su objetivo es prevenir embarazos no intencionales, contribuir al ejercicio y disfrute de la salud sexual y reproductiva, evitar las infecciones de transmisión sexual, reducir el riesgo reproductivo y la mortalidad materna”.
“Incluye información y orientación educativa para adolescentes y jóvenes. Para disminuir el riesgo reproductivo, se debe informar y asesorar a las personas para lograr embarazos seguros y ofrecer orientación sobre los procesos de reproducción asistida”, detalla.
La iniciativa también reforma la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para obligar a las autoridades a “proporcionar información y evidencia científica, libre de prejuicios y discriminación sobre salud sexual y reproductiva y el uso de anticonceptivos, a fin de disminuir el riesgo de infecciones de transmisión sexual, de embarazos y de coerción o violencia”.
Mandata además “prevenir y atender las violencias contra niñas, niños y adolescentes, así como la orientación, suministro y, en su caso, colocación de anticonceptivos”.
Otro punto obliga a “garantizar el conocimiento del propio cuerpo, incluidos los aspectos anatómicos, fisiológicos y emocionales, así como la salud y el bienestar sexuales con información sobre los cambios que se producen en el cuerpo y los procesos de maduración”.
Y establece que niñas, niños y adolescentes, incluso quienes no asisten al sistema escolarizado, tengan acceso a información y educación integral sobre salud sexual y reproductiva, de forma gratuita, confidencial, adaptada a la edad, madurez, circunstancias particulares y tradiciones culturales, y no discriminatoria.
Finalmente, señala que “los y las adolescentes podrán requerir tratamiento y servicios confidenciales en materia de métodos anticonceptivos y, en general, cualquier tratamiento que les permita el ejercicio libre, seguro y placentero de su sexualidad, sin fines reproductivos”.
El proyecto abrirá su primera sesión de discusión este martes, antes de ser analizado formalmente por las comisiones de Salud, Igualdad de Género y Estudios Legislativos del Senado. Esta semana se realizará una reunión informativa para explicar sus alcances.
