*.-El edil de San Miguel Amatitlán había pedido protección tras un atentado previo. La FGE investiga el ataque ocurrido en su domicilio el 13 de junio.
Con el asesinato de Joel Ángel Bravo Martínez, presidente municipal de San Miguel Amatitlán, Oaxaca acumula cinco alcaldes o alcaldes electos asesinados desde 2022, en una escalada de violencia política que mantiene en alerta a autoridades locales y federales.
Bravo Martínez, emanado del PAN, fue atacado a balazos el pasado 13 de junio dentro de su domicilio por un grupo armado. Semanas antes, había solicitado protección a autoridades estatales tras sobrevivir a una agresión previa, de acuerdo con versiones difundidas por actores políticos y medios locales.
La Fiscalía General del Estado informó el inicio de las investigaciones y el despliegue de operativos para localizar a los responsables. Hasta el momento no hay detenidos.
Cinco casos en menos de cuatro años
- Joel Ángel Bravo Martínez – San Miguel Amatitlán. Asesinado el 13 de junio de 2026 en su domicilio. Había pedido protección.
- Lilia Gema García Soto – San Mateo Piñas, Sierra Sur. Asesinada el 15 de junio de 2025 dentro del Palacio Municipal durante un ataque armado. Murió también un funcionario municipal.
- Mario Hernández García – Santiago Amoltepec, Sierra Sur. Asesinado el 15 de mayo de 2025 en una emboscada mientras transitaba por el municipio. El ataque dejó varias víctimas mortales.
- Román Ruiz Bohórquez – Candelaria Loxicha, Costa. Asesinado en octubre de 2024 con arma blanca. Fue localizado herido y murió al recibir atención médica.
- Crispín Hernández Vásquez – San Pedro Mixtepec, alcalde electo. Asesinado en noviembre de 2022, semanas antes de asumir el cargo bajo el sistema normativo interno de su comunidad.
Los homicidios se han registrado en la Mixteca, Sierra Sur y Costa. Las víctimas ocupaban o estaban por ocupar cargos de gobierno municipal.
Oaxaca se encuentra entre los estados con mayor incidencia de homicidios dolosos en el país y enfrenta desafíos en materia de seguridad pública, según estadísticas oficiales.
La muerte de Bravo Martínez ocurre en medio de exigencias de organizaciones civiles y autoridades federales para reforzar la protección a ediles en zonas de riesgo. La violencia contra autoridades municipales mantiene la presión sobre los gobiernos estatal y federal para garantizar condiciones de seguridad en los ayuntamientos.
