En un paso histórico para la justicia penal y los derechos de las mujeres en el país, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó este miércoles la iniciativa de Ley General para Sancionar el Feminicidio. Con esta propuesta, el Gobierno Federal busca unificar los criterios de investigación, persecución y castigo de este delito en las 32 entidades federativas, garantizando que no existan lagunas legales que deriven en impunidad.
“Como primera mujer presidenta asumí la responsabilidad de proteger a las mujeres contra la violencia; por eso llevamos a la Constitución los derechos de las mujeres”, afirmó la mandataria, quien enfatizó que el feminicidio es la expresión más extrema de violencia y un delito de odio por razones de género.
Actualmente, cada estado de la República procesa y sanciona el feminicidio bajo códigos penales locales distintos, lo que suele generar disparidades graves en el acceso a la justicia.
Luisa María Alcalde, consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, detalló que la nueva ley establecerá un estándar uniforme a nivel nacional, el cual contempla:
Penas severas: Se homologa una sanción de 50 a 70 años de prisión para quien cometa este delito.
Agravantes: Se definen 19 circunstancias agravantes para aumentar la penalidad.
Criterios de acreditación: Se fijan 10 razones de género específicas para tipificar el delito, destacando los signos de violencia sexual, la motivación por estereotipos de género, antecedentes de violencia del agresor y contextos de asimetría o abuso de poder.
La iniciativa federal no solo endurece los castigos, sino que redefine la atención posterior al crimen a través de protocolos con perspectiva de género expuestos por la fiscal especializada Maribel Bojorges Beltrán.
Por su parte, la subsecretaria de Derechos para una Vida Libre de Violencia, Ingrid Gómez, destacó que el proyecto incorpora un modelo de reparación integral del daño diseñado tanto para víctimas directas como indirectas. Uno de los ejes prioritarios de este modelo es brindar un esquema de protección, acompañamiento institucional y apoyo integral a las niñas, niños y adolescentes que quedan en situación de orfandad a consecuencia de un feminicidio.
El anuncio de la reforma ocurre en un contexto de reducción en la incidencia delictiva del país. De acuerdo con el informe nacional presentado por Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP):
Los delitos de alto impacto registraron un descenso global del 32% en el periodo consolidado de octubre de 2024 al 30 de junio de 2026.
En lo que respecta específicamente al delito de feminicidio, se reportó una disminución del 10.7% al comparar el primer semestre de 2025 con el primer semestre de 2026.
La propuesta legislativa será enviada al Congreso de la Unión para su análisis, discusión y eventual aprobación, con el fin de convertirse en el nuevo estándar de protección para las mujeres en México.
