El administrador de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terrance Cole, lanzó una dura acusación al asegurar que existe una “conexión mortal” entre los cárteles del narcotráfico y el gobierno mexicano, afirmando de manera categórica que ambas esferas “son lo mismo” y representan la máxima prioridad de combate para la agencia estadounidense.
Durante su intervención en la primera Cumbre Estados Unidos Libre de Fentanilo, el jefe de la DEA detalló que la estrategia global de la corporación no solo va dirigida contra las cúpulas de las organizaciones criminales, sino contra toda la red operativa y política que sostiene el negocio ilícito en la región.
“Estamos enfocados en combatir a los cárteles, a sus facilitadores, distribuidores, lavadores de dinero, proveedores de precursores químicos y a cualquier persona que obtenga beneficios del envenenamiento de ciudadanos estadounidenses”, sentenció Cole, para luego añadir que la agencia enfrenta una “conexión mortal entre las redes de los cárteles y el gobierno mexicano. Son lo mismo”.
Las severas declaraciones del funcionario estadounidense se dan a pocas semanas de que el Departamento de Justicia de EE. UU. presentara cargos penales formales contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como contra otros nueve funcionarios de esa entidad, por presuntos vínculos directos con el Cártel de Sinaloa.
Dicha acusación coincide con los expedientes abiertos en Nueva York en el proceso contra Ismael “El Mayo” Zambada, donde fiscales de ese país sostienen que el capo destinó millones de dólares en sobornos a funcionarios mexicanos de distintos niveles a cambio de protección institucional, filtración de operativos y parálisis de investigaciones judiciales.
En respuesta directa a los señalamientos de la agencia norteamericana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, endureció la postura diplomática e insistió durante su conferencia matutina de este martes que el gobierno de los Estados Unidos sigue sin presentar evidencias públicas o ministeriales que sustenten las acusaciones contra Rocha Moya.
La mandataria federal enfatizó que, hasta el momento, las agencias estadounidenses no han entregado documentación ni pruebas materiales que respalden las graves imputaciones contra los funcionarios sinaloenses, y evitó emitir comentarios respecto a un posible retorno de Rocha Moya al ejercicio de sus funciones constitucionales en el estado.
Con este cruce de declaraciones, la relación en materia de seguridad y cooperación bilateral entre la administración de Sheinbaum y las agencias de inteligencia de Washington entra en un periodo de alta fricción, enmarcado por la crisis del tráfico de fentanilo en la frontera común.
