La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó la suspensión de servidores públicos por irregularidades en la investigación del feminicidio de Edith Guadalupe Valdés Salazar, joven de 21 años hallada sin vida el 18 de abril en un edificio de la colonia Nonoalco, alcaldía Benito Juárez.
Edith Guadalupe desapareció el miércoles 15 de abril tras acudir a una supuesta entrevista de trabajo en un departamento ubicado en Avenida Revolución 829. Su cuerpo fue localizado dos días después en el sótano del mismo inmueble que la familia había señalado desde el inicio a las autoridades.
Los familiares denunciaron que la Fiscalía tardó más de 24 horas en acudir al edificio pese a contar con geolocalización y testimonios que ubicaban ahí a la joven. También acusaron que funcionarios les pidieron dinero para “agilizar” la búsqueda.
Ante la presión pública, la fiscal general Bertha Alcalde Luján calificó como “inaceptable” la conducta de los servidores públicos. “Ninguna omisión ni actuación fuera de la ley tiene cabida en el servicio público. Ya iniciamos una revisión exhaustiva”, declaró en conferencia de prensa.
Alcalde Luján anunció que hay personal separado de su cargo y que se investiga si hubo encubrimiento u obstrucción de la justicia. Advirtió que habrá consecuencias administrativas y, en su caso, penales para los involucrados.
La noche del 17 de abril, la FGJCDMX informó la detención de un hombre por su probable participación en el feminicidio. El sujeto era guardia del edificio y en la caseta de vigilancia se hallaron manchas de sangre.
En la conferencia del 17 de abril estuvieron presentes Bertha Alcalde Luján y Luis Eduardo Poletti Vega, titular de la Fiscalía de Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición Forzada. Poletti Vega es uno de los funcionarios señalados por la familia por omisiones en el caso.
La Fiscalía indicó que la investigación se conduce bajo protocolo de feminicidio y que se agotará la línea de un posible esquema de reclutamiento de mujeres para trata, aunque no existen denuncias previas ligadas al inmueble.
El caso ha reavivado críticas por la actuación de autoridades en desapariciones de mujeres. Familiares y colectivos señalan que la mayor parte de la investigación fue realizada por la propia familia.
