+.-Congreso alista reforma al Código Penal que amplía conductas sancionables y agrava penas para servidores públicos; multas alcanzarían 565 mil pesos
En Veracruz, ocultar, mover o utilizar dinero de origen ilícito podría costar hasta 15 años de prisión y multas superiores a los 500 mil pesos. En el caso de servidores públicos, las sanciones se incrementarían hasta en una mitad, por lo que podrían superar los 22 años de cárcel.
El Congreso del Estado alista la votación del dictamen que reforma el Código Penal para ampliar el alcance del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, es decir, lavado de dinero. La propuesta no modifica las penas base, pero sí el número de conductas y personas que pueden ser sancionadas.
La iniciativa fue remitida el 26 de marzo por la gobernadora y ya fue avalada por la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales. Plantea cambios en la redacción del tipo penal para permitir sancionar a quienes participen de manera directa o a través de terceros.
El dictamen mantiene las sanciones de cinco a 15 años de prisión, pero ajusta las multas: pasan de 5 mil días de salario mínimo —que superaban el millón 500 mil pesos— a 5 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a aproximadamente 565 mil pesos.
Entre las modificaciones destaca que se elimina la condición de actuar “a sabiendas y por cuenta de otra persona”. Ahora el delito se configura cuando alguien, “por sí o por interpósita persona, realice o auxilie a otra persona”, lo que amplía el alcance para sancionar la participación en estas conductas.
Además, se incorpora como conducta delictiva el encubrimiento activo: ocultar o intentar ocultar el origen, destino o propiedad de recursos de procedencia ilícita.
El documento también establece criterios para determinar cuándo los bienes o recursos son considerados producto de una actividad ilegal. Señala que bastará con la existencia de indicios fundados o la imposibilidad de acreditar su origen lícito.
En el caso de servidores públicos, las sanciones se agravan. La pena podría incrementarse hasta en una mitad, además de contemplar la destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos.
En la exposición de motivos se advierte que el lavado de dinero representa una amenaza para la estabilidad económica, la seguridad pública y el sistema financiero, al permitir que recursos de origen ilícito se integren a la economía formal.
Con estos cambios, el Congreso busca ampliar las herramientas legales para la persecución de este delito en el ámbito estatal, sin incrementar las penas ya establecidas en el Código Penal.
