El Congreso del Estado de Veracruz recibió dos solicitudes de declaración de procedencia contra igual número de presidentes municipales. Una de ellas corresponde al alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, emanado de Movimiento Ciudadano.
Así lo confirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Esteban Bautista Hernández, quien detalló que ambas solicitudes ya fueron turnadas a las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales para su análisis.
El legislador evitó revelar la identidad del segundo edil involucrado, al argumentar que la actual Legislatura optó por mantener la secrecía del proceso.
“Por secrecía no podemos decir nombres. En esta Legislatura soy el responsable y preferimos dejarlo así en la Comisión de Justicia y Gobernación, y ellos lo van a trabajar”, declaró Bautista Hernández.
Agregó que la medida busca evitar especulaciones y “guerra sucia” en torno a los casos. “Si hablamos, ni frío ni caliente, al ratito empiezan a hacer una guerra sucia. En este gobierno las cosas van en serio”, expresó.
Aunque la Jucopo no dio nombres, se confirmó de manera oficial que una de las solicitudes es contra Raúl González Martínez. La petición fue enviada por una autoridad ministerial competente el 6 de julio de 2026, con base en el artículo 34 de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia para el Estado de Veracruz.
La semana pasada trascendió que el Ayuntamiento de Ixhuatlán del Sureste fue el único de los 212 municipios del estado que no entregó su Plan Municipal de Desarrollo ante la LXVII Legislatura. Por ese incumplimiento, las comisiones legislativas acordaron dar vista a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGE para que revise el caso.
El documento señala: “Se considera necesario darle vista a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado, para que actúe en consecuencia, con base en las atribuciones conferidas”.
¿Qué implica la declaración de procedencia?
La declaración de procedencia, conocida como desafuero, es el procedimiento mediante el cual el Congreso determina si una persona servidora pública con fuero puede ser sometida a un proceso penal. La resolución no implica culpabilidad, sino que retira la inmunidad procesal para que la autoridad ministerial o judicial continúe con el caso.
Las comisiones unidas serán las encargadas de dictaminar si procede o no el desafuero de ambos alcaldes.
