Con 86 votos a favor y 42 en contra, el Pleno del Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular la reforma constitucional que impide que personas con doble nacionalidad puedan ocupar la Presidencia de la República, gubernaturas estatales o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, establece explícitamente que quienes aspiren y ejerzan dichos cargos ejecutivos no podrán adquirir, solicitar ni invocar ante autoridades extranjeras una nacionalidad distinta a la mexicana.
Tras su aval en la Cámara Alta —obtenido con el respaldo de la mayoría oficialista y el voto decisivo del senador sin partido Enrique Inzunza, pese al voto en contra del legislador ecologista Luis Armando Melgar—, la minuta fue remitida a los congresos estatales para su eventual ratificación y elevación a rango constitucional. Durante el debate, la bancada mayoritaria desechó las tres reservas presentadas al texto.
La discusión en el Pleno generó duras críticas por parte de las bancadas de oposición, las cuales señalaron que la medida margina a la comunidad migrante y representa un retroceso en materia de derechos políticos.
El dirigente nacional y senador del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, argumentó que la reforma crea categorías desiguales de ciudadanos y castiga a los mexicanos en el exterior.
“Rechazamos que se utilice la Constitución para crear mexicanos de primera y mexicanos de segunda. Morena los quiere presentes cuando mandan dinero, pero los quiere ausentes cuando aspiran a gobernar”, aseveró Moreno Cárdenas.
En la misma línea, el senador del PAN, Francisco Javier Ramírez Acuña, sostuvo que condicionar la participación política a la renuncia de otra nacionalidad parte de una premisa errónea sobre el patriotismo.
“Esto resulta una visión chovinista y carente de rigor, pues supone que el sentido patriótico lo define un documento y no la propia convicción. Históricamente, las peores traiciones a la patria han sido cometidas por mexicanos con nacionalidad incuestionable”, enfatizó el legislador panista.
Al no haber sufrido modificaciones en el Senado, la reforma inicia su recorrido por las legislaturas locales, donde requerirá la aprobación de al menos 17 congresos para ser promulgada por el Ejecutivo federal.
