El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano exige la intervención del organismo para otorgar medidas de protección a los ediles de Úrsulo Galván e Ixhuatlán del Sureste.
Sostiene que el Gobierno estatal ejerce una “justicia selectiva” contra la oposición, mientras la defensa de los acusados rechaza los señalamientos de la Fiscalía.
El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, solicitó formalmente la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para otorgar medidas cautelares y de protección a los exalcaldes de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, y de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, acusando al Gobierno de Veracruz de instrumentar una “persecución política” y judicializar selectivamente a las autoridades de oposición.
La postura del líder nacional se dio tras la aprobación en el Congreso de Veracruz de la declaración de procedencia que retiró el fuero constitucional a ambos munícipes, abriendo la puerta a que la Fiscalía General del Estado (FGE) proceda penalmente en su contra.
El dictamen legislativo dejó a ambos exfuncionarios a disposición de las autoridades ministeriales por delitos de alto impacto:
Bertín Bravo Montero (Úrsulo Galván): Es investigado por su presunta relación con la desaparición del empresario minero Héctor Ramos Sánchez y su escolta, Ignacio López Torres, ocurrida en mayo de 2026.
Raúl González Martínez (Ixhuatlán del Sureste): Es acusado por la FGE como probable autor intelectual del homicidio de la comunicadora Roxana Guzmán Aguirre.
Ambos exalcaldes han rechazado categóricamente las imputaciones formuladas por el Ministerio Público.
Álvarez Máynez sostuvo que el partido no tolerará el uso político de las instituciones de procuración de justicia y denunció inconsistencias en la actuación del Ejecutivo estatal. Recordó que, en episodios recientes tras controversias electorales en municipios como Papantla y Poza Rica, munícipes señalados públicamente de presuntos delitos terminaron sumándose a las filas de Morena tras denunciar presiones y amenazas.
El dirigente remarcó que el partido mantiene una política de cero tolerancia a la impunidad y defiende que cualquier delito debe investigarse, pero criticó que la FGE actúe con “rapidez selectiva” contra opositores mientras la entidad atraviesa por una severa crisis de violencia y desapariciones.
Finalmente, exigió al órgano autónomo actuar con neutralidad, estricto apego al debido proceso y garantizar la presunción de inocencia de los implicados.
