El consorcio Grupo Porres deja sin garantías de pago ni plan de contingencia a cañeros y trabajadores en Lerdo de Tejada.
Afectados anuncian un frente legal unificado ante la FGE y solicitan la intervención directa de la Presidencia de la República y del Gobierno Estatal.
La crisis en el sector azucarero veracruzano ha alcanzado un punto crítico tras confirmarse la declaración de quiebra del Ingenio San Pedro, propiedad del consorcio Grupo Porres S.A. de C.V., situación que dejó a miles de productores de caña, cortadores y obreros de la planta en completa indefensión financiera y operativa.
En entrevista, Armando Azamar Nato, productor cañero e integrante del ejido Ángel R. Cabada, advirtió que la masa cañera programada y cortada se encuentra en un total limbo económico al no existir certeza sobre el cumplimiento de los compromisos de pago con el campo, ni un plan de contingencia que permita desviar la materia prima hacia factorías vecinas.
“¿Quién nos va a pagar la liquidación? Todo el mundo se lo pregunta. No hay ningún representante del ingenio y los líderes cañeros locales están cómodamente en sus casas. Ellos seguramente ya cobraron, pero nosotros como productores no tenemos ninguna garantía. Mientras tanto, somos los puros obreros y productores los que estamos dando la cara a la puerta de la industria”, aseveró Azamar Nato.
Los manifestantes señalaron directamente por el abandono operativo y directivo de la planta a Jorge Urzúa Abarca, jefe de operaciones del Ingenio San Pedro, y a César Ojeda Barragán, superintendente de la industria.
El impacto de la quiebra se extiende a toda la cadena logística regional. De acuerdo con los voceros del sector, los vehículos de acarreo adaptados exclusivamente para el transporte de caña han quedado prácticamente inutilizables. Al carecer de demanda para actividades secundarias como el traslado de pasto forrajero, las unidades enfrentan el riesgo de ser convertidas en chatarra o rematadas para subsanar la emergencia económica familiar.
Ante la ausencia de respaldo por parte de las cúpulas gremiales tradicionales, los sectores productivos y laborales acordaron articular una defensa colectiva mediante las siguientes acciones:
Denuncia penal: Integrar un liderazgo común para interponer las querellas correspondientes ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por falta de pago y abandono operativo.
Gestión institucional: Emitir un llamado urgente a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la gobernadora del Estado para revisar la situación legal y laboral con Grupo Porres S.A. de C.V., consorcio con amplia presencia en la región a través de granjas avícolas.
Alianza Obrero-Ejidal: Establecer un vínculo directo entre el sindicato de obreros y los ejidos locales para defender de manera unificada sus derechos laborales y patrimoniales.
