Lisbeth Aurelia Jiménez rechazó que exista persecución política en los casos de los ediles de Úrsulo Galván e Ixhuatlán del Sureste.
Confirma la Fiscalía que hay órdenes de aprehensión pendientes por el homicidio de la periodista Roxana Guzmán.
La titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, rechazó categóricamente que las investigaciones iniciadas en contra de alcaldes militantes del partido Movimiento Ciudadano (MC) respondan a un trasfondo político, y aseguró que la actuación del organismo a su cargo se sostiene de manera estricta en datos de prueba.
Ante los señalamientos de una presunta fabricación de carpetas de investigación promovida desde el organismo autónomo, Jiménez Aguirre enfatizó que la función ministerial se limita a la procuración de justicia ajena a intereses partidistas.
“No vengo a hacer política. Mi prioridad, tanto cuando estuve en el Poder Judicial como ahora en la Fiscalía, ha sido la justicia. Cuando acudimos ante un juez no llevamos argumentos políticos, llevamos datos de prueba”, aseveró la fiscal general, quien recordó que la emisión de órdenes de aprehensión, vinculaciones a proceso y sentencias dependen exclusivamente de los elementos técnicos presentados y desahogados ante la autoridad judicial.
Cuestionada sobre el caso del secuestro y posterior homicidio de la periodista Roxana Guzmán, la fiscal confirmó que la carpeta de investigación se mantiene activa y que existen mandamientos judiciales pendientes por ejecutar, los cuales se sumarán a las ocho personas que ya fueron vinculadas a proceso por homicidio doloso y que permanecen bajo la medida de prisión preventiva.
Jiménez Aguirre declinó precisar el número de órdenes de aprehensión por cumplimentar o la identidad de más posibles implicados, argumentando la necesidad de resguardar el éxito de las diligencias.
“Seguimos trabajando la carpeta de investigación y se están generando más órdenes de aprehensión. Si doy detalles en este momento, yo misma podría obstruir la investigación”, señaló. Añadió que, una vez concluidas las detenciones, se ofrecerá un informe detallado sobre la estructura del expediente y el grado de participación de los involucrados.
Respecto a la solicitud de juicio de procedencia remitida al Congreso del Estado para retirar la inmunidad procesal al alcalde de Úrsulo Galván, Raúl González Martínez, la titular de la FGE omitió emitir comentarios sobre el contenido del expediente, toda vez que el procedimiento legislativo se encuentra en desarrollo.
“No puede haber órdenes de aprehensión si antes no se resuelve el desafuero”, puntualizó la funcionaria, al tiempo que reiteró que la dependencia a su cargo mantendrá el sigilo sobre la información contenida en las indagatorias ministeriales para no vulnerar el debido proceso ni los derechos de las víctimas.
