Lizbeth González Cortés, titular del Juzgado Tercero de Distrito y elegida por voto popular en 2025, fue separada de su cargo por el Tribunal de Disciplina Judicial. Acumulaba quejas por rezago, desconocimiento de los procedimientos, hostigamiento laboral y por denunciar penalmente a sus propios trabajadores.
El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) suspendió el pasado 14 de julio a la jueza federal Lizbeth González Cortés, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Zacatecas. La medida drástica llega tras meses de tensiones, quejas por acoso laboral y múltiples cuestionamientos sobre su desempeño, entre los que destaca el uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) para redactar resoluciones y un severo rezago en su despacho.
González Cortés, quien asumió el cargo en septiembre de 2025 tras ganar las elecciones judiciales de junio de ese mismo año, fue notificada de su suspensión al mediodía, momento en el que solicitó de inmediato cajas al oficial de servicio para retirar sus pertenencias de las instalaciones.
El desempeño técnico de la juzgadora fue blanco de severas críticas por parte de litigantes y personal interno desde su primer día. Entre las principales irregularidades señaladas destacan:
Se le acusó de desconocer los procedimientos legales básicos y de emplear herramientas de IA para redactar sentencias, acuerdos y otros documentos oficiales.
Cuando asumió el juzgado, envió una “remesa brutal” de expedientes a otros seis juzgados de distrito, quedándose únicamente con 100 asuntos. Pese a ello, mantenía el mayor rezago de la jurisdicción, no emitía resoluciones oportunas y delegaba constantemente el trabajo a tribunales auxiliares.
Solía firmar y cancelar actividades sin previo aviso o justificación legal aparente.
Ante estas graves anomalías, el TDJ ya había notificado el pasado 28 de abril el inicio de un procedimiento de evaluación de seguimiento especial al juzgado.
A las deficiencias técnicas se sumó un clima de hostilidad laboral. Los roces comenzaron desde su adscripción, al negarse a recibir o presentarse con el personal. Sin embargo, la crisis estalló el 1 de octubre de 2025, cuando la jueza bloqueó el nombramiento de la trabajadora Mónica Vázquez Mauricio, a quien le faltaban apenas dos días para obtener su base como Oficial Judicial C, pese a existir plazas disponibles.
Esta decisión provocó una manifestación pacífica en las instalaciones, liderada por José Guadalupe Méndez de Lira, representante del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación. En un acto sin precedentes, la reacción de la jueza fue denunciar a los manifestantes directamente ante la Fiscalía General de la República (FGR).
“Nos intimidan poniendo denuncias directamente ante la Fiscalía General de la República, eso no lo vamos a permitir. […] Que sepa la ciudadanía que, si empiezan con esto, a los justiciables les va a pasar lo mismo si van a manifestarse. No somos delincuentes”, declaró en su momento Méndez de Lira, quien procedió a interponer quejas formales ante el TDJ.
De acuerdo con los registros enviados al Instituto Nacional Electoral (INE) durante su candidatura, Lizbeth González Cortés es licenciada en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y maestra en Juicio de Amparo.
En su currículum reportó 17 años de experiencia como abogada litigante (desde 2008 hasta su postulación), pero no contaba con ninguna experiencia previa ni carrera dentro del Poder Judicial de la Federación.
La suspensión de González Cortés se enmarca en el actuar del recién creado Tribunal de Disciplina Judicial, órgano que sustituyó al Consejo de la Judicatura Federal tras la polémica reforma judicial aprobada en septiembre de 2024 por el Congreso de la Unión. Según el primer informe del TDJ, tan solo en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 15 de diciembre de 2025, se sancionó a 57 jueces bajo el nuevo esquema de elección popular.
