- El mandatario estatal proyecta públicamente a la actual senadora del PVEM como su sucesora, desafiando los lineamientos contra el nepotismo impulsados por la dirigencia nacional de Morena.
- La postulación se perfila en medio de señalamientos de la UIF contra el gobernador por presunto lavado de dinero y denuncias de acoso judicial contra periodistas locales bajo la controvertida “Ley IA”.
El tablero político rumbo a los comicios de 2027 ha comenzado a moverse con fuerza en San Luis Potosí. En un movimiento que desafía abiertamente las directrices del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y de la Presidencia de la República en materia de nepotismo, el gobernador constitucional del estado, Ricardo Gallardo Cardona, destapó de manera oficial a su esposa, la senadora Ruth González Silva, como la principal carta del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para sucederlo en el cargo.
Durante un multitudinario evento público de carácter partidista celebrado el pasado 9 de julio ante miles de militantes ecologistas, Gallardo Cardona no dudó en perfilar a la presidenta honoraria del DIF Estatal como su relevo natural.
“Les voy a presentar a una gran mujer, que yo sé que va a cuidar San Luis Potosí como cuida a sus hijos”, expresó el mandatario potosino ante el aplauso de sus simpatizantes, apresurando los tiempos de una contienda que legalmente iniciará dentro de unos meses en la entidad.
A pesar de que la dirigencia de Morena y la propia Presidencia de la República han insistido en establecer reglas éticas estrictas para impedir la postulación de familiares directos de gobernantes en funciones —el fenómeno conocido coloquialmente como nepotismo electoral—, el Partido Verde ha optado por desmarcarse de sus aliados federales en la entidad potosina.
El propio coordinador de la bancada del PVEM en el Senado de la República, Manuel Velasco Coello, respaldó con firmeza las aspiraciones de la legisladora. El senador chiapaneco destacó la competitividad de González Silva, aludiendo a mediciones internas que la colocan con una ventaja de más de 20 puntos frente a otros posibles perfiles.
Por su parte, al ofrecer el discurso de cierre del evento, la senadora Ruth González Silva hizo eco de consignas con corte de género, emulando la narrativa de la presidencia federal al afirmar que “es tiempo de mujeres”, justificando la viabilidad de su postulación.
“Cuidamos hijos, cuidamos casa, cuidamos marido, nos cuidamos a nosotras; las mujeres podemos hacer todo al mismo tiempo, así que una mujer puede gobernar San Luis Potosí”, aseveró la legisladora, asumiendo el liderazgo del proyecto político del grupo gobernante.
El destape de González Silva se produce bajo la sombra de severas imputaciones financieras que pesan sobre su esposo, el actual gobernador de San Luis Potosí. Ricardo Gallardo Cardona ha sido objeto de investigaciones y denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) promovidas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presunto lavado de dinero y el presunto uso de recursos de procedencia ilícita para el financiamiento de campañas electorales.
El expediente de la UIF detalla presuntos desvíos que ascienden a los 724.6 millones de pesos de recursos públicos extraídos de los municipios de Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí. Ambos ayuntamientos fueron gobernados en su momento por el propio Ricardo Gallardo Cardona y por su padre, Ricardo Gallardo Juárez, consolidando una estructura de poder municipal señalada por diversas instancias federales.
A estas investigaciones se suman reportes periodísticos de La Silla Rota, que en 2021 documentaron el vertiginoso crecimiento patrimonial de Gallardo Cardona a través de una red de múltiples empresas y transacciones inmobiliarias en las que figura como socio, accionista o representante legal.
La postulación de la senadora también avanza en un clima de tensión social debido a las recientes denuncias por parte de organizaciones civiles de libertad de expresión como Artículo 19, el Comité de Protección a Periodistas (CPJ) y Propuesta Cívica. Dichas agrupaciones han alertado sobre una campaña de “acoso judicial” y censura sistemática contra reporteros críticos en el estado.
La controversia escaló tras la detención de las comunicadoras Eréndira Reyes y Alejandra Hermosillo, así como del creador de contenido Christian Herrera. Las aprehensiones se llevaron a cabo utilizando de manera inédita la legislación local sobre el uso de la Inteligencia Artificial (popularmente conocida como la “Ley IA” o Ley contra la Manipulación Digital), la cual penaliza la difusión de material multimedia alterado digitalmente.
Aunque las autoridades judiciales estatales han mantenido bajo reserva la identidad de la parte denunciante, periodistas potosinos de diversas plataformas han señalado directamente a la senadora Ruth González Silva de ser la promotora detrás de las denuncias y las órdenes de aprehensión —que involucran al menos a ocho periodistas más, entre ellos a la directora del portal En Primera, Anahí Torres González—.
La acusación se derivó de la difusión en redes sociales de un video cuya veracidad fue cuestionada por el gobierno, donde presuntamente se escuchaba la voz de Ricardo Gallardo Cardona. Sectores académicos y defensores de los derechos humanos han advertido que el uso abusivo de esta ley penal, diseñada en teoría para evitar la violencia digital, está siendo instrumentalizada como una herramienta de represión para blindar de críticas a la familia gobernante de cara al proceso de sucesión en 2027.
