*.- Gobernadora acusa “evidente persecución política”.
Con respecto al caso, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que lo que está en juego en México es quién manda; el desarrollo del caso mantiene atención nacional no solo por sus implicaciones judiciales, sino también por el impacto político que podría tener en Chihuahua.
La Fiscalía General de la República (FGR) citó formalmente a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, para comparecer el próximo 27 de mayo a las 10:00 horas, en el marco de las investigaciones relacionadas con el desmantelamiento de un macro narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara y la presunta participación de agentes estadounidenses en el operativo.
La notificación fue entregada por elementos federales en Palacio de Gobierno, en medio de una creciente tensión política y judicial entre la administración estatal y actores del oficialismo.
De acuerdo con reportes y fuentes vinculadas al caso, elementos federales acudieron al Palacio de Gobierno de Chihuahua para entregar personalmente el documento que fija la comparecencia para el miércoles 27 de mayo a las 10:00 horas.
La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, confirmó que recibió un citatorio de la FGR por el caso del narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara. La mandataria acusó persecución política y aseguró que continuará enfrentando el proceso.
La diligencia forma parte de las investigaciones ministeriales derivadas del desmantelamiento de un presunto macro narcolaboratorio en la región serrana, así como de las pesquisas sobre la presencia y fallecimiento de ciudadanos estadounidenses vinculados al operativo.
De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, cualquier persona citada por el Ministerio Público debe acudir a comparecer. No obstante, la legislación contempla excepciones para ciertos servidores públicos señalados en el artículo 111 de la Constitución, el cual establece mecanismos especiales para iniciar procedimientos penales contra funcionarios en funciones, incluidos gobernadores y legisladores.
Investigación federal por narcolaboratorio y agentes extranjeros
El caso que involucra a la administración estatal surgió tras el operativo efectuado en abril en la zona serrana de Chihuahua, donde autoridades locales aseguraron grandes cantidades de precursores químicos y metanfetamina.
Según datos confirmados previamente por autoridades y retomados por medios nacionales, el complejo clandestino contenía más de 55 mil litros de sustancias químicas, más de 50 toneladas de precursores sólidos y cerca de dos mil litros de metanfetamina.
La FGR mantiene abiertas dos líneas de investigación.
La primera indagatoria busca determinar posibles irregularidades relacionadas con la participación de agentes extranjeros sin autorización federal en tareas de inteligencia o seguridad.
La segunda se concentra en identificar a los responsables directos del narcolaboratorio y esclarecer la cadena de mando que permitió el operativo.
Las investigaciones cobraron notoriedad después del accidente ocurrido tras el operativo, en el que murieron dos ciudadanos estadounidenses y funcionarios mexicanos vinculados a la operación.
Maru Campos recibió personalmente la notificación
Fuentes cercanas al gobierno estatal señalaron que la mandataria recibió directamente el citatorio federal. Durante la entrega estuvo acompañada por su secretario particular, Fernando Álvarez, y por el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña.
Según versiones difundidas tras el encuentro, Campos expresó a los agentes que comprendía que cumplían con su obligación institucional, aunque advirtió que la noticia “no era buena para Chihuahua”.
De acuerdo a colaboradores de la gobernadora, la actuación de la Fiscalía General de la República es absolutamente violatoria de la Constitución y de la soberanía del Estado de Chihuahua.
El artículo 111 constitucional establece procedimientos específicos para cualquier acción penal contra titulares de poderes ejecutivos estatales, por lo que sostienen que la actuación federal debe apegarse a esos mecanismos legales.
Colaboradores de la mandataria aseguran que se trata de un evidente caso de persecución política, ordenado desde Palacio Nacional, que contrasta con la protección que han brindado al gobernador con licencia de Sinaloa, Ruben Rocha Moya, así como del legisladores y funcionarios acusados por Estados Unidos, por vínculos con el crimen organizado y narcoterrorismo.
“Otra vez, aquí está el doble rasero de Morena. Lamento que Morena use las instituciones para molestar, para hacer esta persecución política contra una persona que está haciendo bien las cosas”, comentó la mandataria.
La gobernadora recibió de manera directa el citatorio formulado por la FGR, y analiza con su equipo las acciones que habrá de tomar ante esta arbitrariedad.
“Habremos de estudiar su debida fundamentación y argumentación”, dijo la mandataria tras recibir el requerimiento, que está fechado para el próximo miércoles a las 10 de la mañana.
La mandataria dijo que su Gobierno ha actuado contra el crimen organizado y contra la inseguridad: “Estamos haciendo todas las cosas para que los chihuahuenses puedan vivir, crecer y trabajar en paz”.
Durante la recepción del citatorio acompañaron a la Gobernadora el consejero Jurídico, José Carlos Rivera; Santiago De la Peña, secretario general de Gobierno; el abogado Roberto Gil Zuarth y el titular de la oficina de la Secretaría Particular, Fernando Álvarez Monje y Max Cortazar
Tensión política en Chihuahua: Morena impulsa juicio político
Contexto: La comparecencia ocurre en una semana marcada por confrontación política. El partido Morena comenzó a promover un proceso de juicio político contra la gobernadora panista, argumentando presuntas violaciones a la soberanía nacional derivadas del operativo y de la supuesta participación extranjera en territorio mexicano.
La ofensiva política escaló conforme avanzaron las investigaciones federales y aumentó la presión sobre el gobierno estatal.
La defensa de Maru Campos ante las acusaciones
Frente a los señalamientos, Maru Campos ha negado haber autorizado o conocido la participación de agentes extranjeros.
En mensajes públicos y entrevistas, la gobernadora sostuvo que el operativo fue ejecutado por instancias con facultades legales y defendió la actuación de su administración.
“En Chihuahua estamos actuando con legalidad, responsabilidad y total transparencia”, afirmó en un mensaje oficial difundido por el gobierno estatal.
La mandataria también ha sostenido que no abandonará el cargo y ha calificado parte de las acciones federales y partidistas como presión política relacionada con el contexto electoral y la confrontación entre Morena y la oposición.
La declaración programada para el 27 de mayo podría convertirse en un momento decisivo dentro de las investigaciones federales. Hasta ahora, la FGR ha tomado declaraciones a decenas de participantes y funcionarios relacionados con el operativo en la Sierra Tarahumara, mientras continúa integrando expedientes sobre la legalidad de las acciones realizadas y las responsabilidades administrativas o penales correspondientes.
Horas más tarde, la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado señalando que el llamado a declarar para la gobernadora es en calidad de testigo y que este no tiene una finalidad política.
