A 15 años de la matanza que conmocionó a la entidad, cuando 35 cuerpos fueron abandonados a plena luz del día sobre una de las avenidas más transitadas de Boca del Río, expedientes de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO) han permitido reconstruir la logística de aquel crimen cometido por un brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La reciente sentencia de 70 años de prisión dictada contra Víctor Hugo “N”, identificado como uno de los autores intelectuales, sacó a la luz pública las declaraciones de los propios involucrados en la masacre registrada en septiembre de 2011, en los inicios de la administración de Javier Duarte de Ochoa.
De acuerdo con las investigaciones judiciales, bastaron solo siete minutos para ejecutar la acción. Cinco vehículos bloquearon la circulación en el bulevar mientras dos camionetas se detenían en el punto. Entre 10 y 15 hombres encapuchados descendieron para arrojar los cadáveres sobre el asfalto y posteriormente huir hacia diversas casas de seguridad para resguardarse.
El comando había arribado al puerto de Veracruz apenas 20 días antes por órdenes de César Cazarín Molina, alias “El Comandante Tornado”, operador cercano a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”. La instrucción directa era desplazar al grupo delictivo de Los Zetas para apoderarse del control del tráfico de drogas en la zona.
En un lapso de solo dos semanas, el grupo criminal secuestró y ejecutó a 67 personas a quienes señalaban, sin prueba alguna, de colaborar con la organización rival.
Los expedientes revelan que para la operación se utilizaron dos empresas falsas con las que se rentaron 12 viviendas en distintos fraccionamientos de Veracruz y Boca del Río. Dichos inmuebles, denominados por el grupo como “oficinas”, servían como centros de acopio de armas, alojamiento para los sicarios y sitios de cautiverio y tortura para las víctimas.
Los integrantes de la célula, reclutados en Jalisco y Veracruz —entre los que figuraba un ciudadano venezolano—, percibían sueldos de hasta 18 mil pesos mensuales más bonos. El grupo operaba bajo la línea del mando identificado como “El Potro”, jefe de plaza de la organización encargada de coordinar los secuestros y ejecuciones en la zona metropolitana.
Entre los testimonios integrados al expediente destaca la declaración del único sobreviviente de la jornada, quien tras sufrir varios días de cautiverio y tortura dentro de una de las casas de seguridad, logró salir con vida al fingir estar muerto entre los cuerpos.
