+. -Actualmente 3 ó 4 casos requieren intervención jurídica debido a reclamos de familiares de antiguos propietarios o donantes.
Irene Terrones Ortiz
Reportera de Crónica TB
La regularización de los predios donde se encuentran asentadas algunas escuelas continúa siendo uno de los principales retos para avanzar en materia de infraestructura educativa, reconoció el jefe del Sector 27 de escuelas primarias federalizadas, Profesor Edgar Mauricio Vera Campos.
El funcionario educativo señaló que actualmente persiste un rezago de aproximadamente 30 por ciento de los planteles que aún no cuentan con el documento que acredita legalmente la propiedad del terreno, situación que en algunos casos limita la posibilidad de acceder a obras de infraestructura realizadas con recursos municipales.
Explicó que parte de esta problemática tiene su origen en terrenos que décadas atrás fueron donados para la construcción de escuelas, particularmente dentro del régimen ejidal.
Con el paso de los años, algunos descendientes de quienes realizaron esas donaciones han reclamado la propiedad de los predios, generando situaciones jurídicas que deben analizarse de manera individual. Vera Campos indicó que estos casos ya fueron planteados ante Patrimonio del Estado, instancia con la que se trabaja para buscar alternativas y avanzar en la regularización.
Precisó que en la mayoría de los casos existe disposición de propietarios o ejidatarios para resolver la situación; sin embargo, actualmente existen alrededor de tres o cuatro casos que requieren intervención jurídica debido a reclamos de familiares de antiguos propietarios o donantes.
Añadió que recientemente el Ayuntamiento realizó una convocatoria con personal proveniente de Xalapa para identificar, escuela por escuela, cuáles planteles enfrentan problemas relacionados con la propiedad de sus terrenos, información que permitirá dar seguimiento a cada expediente.
El jefe de Sector destacó que contar con títulos de propiedad o escrituras es fundamental, ya que mientras algunos programas educativos pueden otorgar recursos directamente a las escuelas que cuentan con certeza jurídica, los planteles que presentan conflictos de propiedad pueden quedar fuera de determinadas obras municipales.
Subrayó que el objetivo es resolver estas situaciones sin afectar el derecho de las niñas y niños a recibir educación en sus propias comunidades.
Explicó que, aunque técnicamente sería posible reubicar a docentes o trasladar alumnos a otros planteles, cerrar una escuela representaría ampliar considerablemente las distancias que deben recorrer las familias para acceder al servicio educativo. “No es lo mismo trasladarse diez minutos a cuarenta”, señaló al referirse al impacto que tendría para las comunidades perder una escuela cercana, particularmente en zonas rurales.
Vera Campos informó finalmente que continuará realizando gestiones ante las autoridades estatales para avanzar en la regularización de los predios pendientes, al considerar que obtener certeza jurídica permitirá abrir mayores posibilidades para mejorar las condiciones de infraestructura de los planteles educativos.
