Una iniciativa presentada en el Senado de Estados Unidos busca integrar el robo y contrabando de combustibles, conocido como “huachicol fiscal”, a la estrategia de seguridad contra cárteles mexicanos. El proyecto señala directamente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al Cártel de Sinaloa, al Cártel del Golfo y al Cártel del Noreste como operadores clave de una red multimillonaria de tráfico ilegal de hidrocarburos.
El proyecto fue impulsado por el senador republicano John Cornyn y la demócrata Jacky Rosen. De acuerdo con el documento, los grupos criminales han desarrollado operaciones a gran escala para sustraer petróleo crudo, gasolina y diésel a Petróleos Mexicanos (Pemex). Las modalidades incluyen tomas clandestinas, asaltos a refinerías, secuestro de pipas y corrupción de empleados.
La iniciativa retoma datos del Departamento del Tesoro de EE.UU., que identifica al robo de combustible como la principal fuente de ingresos ilícitos de los cárteles mexicanos no relacionada con drogas. El texto advierte que las organizaciones utilizan empresas fachada y mecanismos de lavado para mover las ganancias del huachicol fiscal.
Uno de los puntos más sensibles es la vinculación directa entre el negocio de combustible robado y organizaciones que Washington clasificó como grupos terroristas extranjeros en febrero de 2025, entre ellas el CJNG y el Cártel de Sinaloa.
El documento sostiene que el combustible ilegal no solo financia actividades criminales en México, sino que también fortalece las operaciones de tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. Cita declaraciones del Tesoro que describen el robo de hidrocarburos como una de las principales “vacas lecheras” financieras del CJNG.
La propuesta señala que el robo de combustible alcanzó niveles históricos en 2024, con alrededor de 987 millones de litros sustraídos, casi el triple que en 2019. Estimaciones independientes citadas en el texto indican que el contrabando y la evasión fiscal asociada generan pérdidas cercanas a 24 millones de dólares diarios para México.
Además, acusa que parte del petróleo robado cruza la frontera hacia Texas disfrazado como “aceite residual” o materiales peligrosos. Las redes criminales utilizarían intermediarios mexicanos y empresas importadoras estadounidenses para introducir el crudo ilícito en regiones como el Valle del Río Grande, Eagle Ford y la Cuenca Pérmica.
El proyecto no autoriza acciones militares directas en territorio mexicano. Sin embargo, ordena al Departamento de Defensa elaborar un informe sobre cómo utilizar capacidades de vigilancia, inteligencia y monitoreo fronterizo —actualmente empleadas en operaciones antidrogas— para combatir el tráfico de hidrocarburos.
Entre las medidas planteadas destacan: intercambio de información, cooperación con fuerzas de seguridad extranjeras y análisis de redes criminales vinculadas al combustible robado.
La iniciativa pone bajo presión a Pemex y al gobierno mexicano, al exhibir al huachicol fiscal como un delito que trasciende la seguridad energética y se convierte en un factor de financiamiento del crimen organizado transnacional.
