Siete de cada diez personas médicas residentes en el estado de Veracruz realizan jornadas laborales que superan las 80 horas a la semana, reveló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su Informe especial sobre la situación de los derechos humanos de las personas médicas residentes en México.
El documento, dado a conocer formalmente este año, retoma las investigaciones del Observatorio de Educación Médica y Derechos Humanos (OBEME) realizadas entre mil 352 estudiantes de medicina, de los cuales mil 109 cursaban alguna especialidad médica en unidades receptoras ubicadas en la entidad veracruzana.
De acuerdo con el análisis histórico presentado, la sobrecarga laboral ha sido una constante en el sistema de salud estatal. Entre los años 2017 y 2023, la proporción de residentes que reportó trabajar más de 100 horas semanales osciló entre el 41 y el 50 por ciento en las evaluaciones analizadas, mostrando avances casi nulos en la mejora de sus condiciones de trabajo.
El informe del organismo nacional detalla que, si bien la percepción del derecho a la educación tuvo un avance de un punto porcentual y el trabajo digno mejoró un cinco por ciento, el rubro correspondiente a la integridad y seguridad personal empeoró tres por ciento entre la comunidad médica en formación.
Asimismo, la CNDH identificó diferencias significativas marcadas por el género: los residentes hombres reportaron mejores condiciones operativas y de seguridad en comparación con las mujeres médicas dentro de los centros hospitalarios.
En materia de acoso y maltrato, el documento retoma mediciones realizadas en 16 unidades médicas de Veracruz donde el 87 por ciento de las y los participantes manifestó haber sido víctima de al menos un episodio de agresión durante su especialización. La violencia psicológica fue la vertiente más frecuente (50.46%), señalando principalmente a las jefaturas de servicio como los principales emisores de estas agresiones.
Ante este panorama, la CNDH planteó una serie de propuestas de carácter nacional que incluyen la reducción inmediata de las guardias superiores a las 24 horas, la eliminación de las posguardias y el fortalecimiento de los canales de denuncia. De igual forma, instó a establecer mecanismos de supervisión directa entre las universidades y las instituciones de salud para garantizar un trato digno a los profesionales.
