*.-Durante su comparecencia, el titular de Sefiplan, Miguel Santiago Reyes Hernández, reveló que existen cuatro denuncias contra la fundación que administraba los recursos de la universidad.
Irregularidades administrativas y financieras en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) permitieron que decenas de docentes pretendieran cobrar hasta 40 clases impartidas en un mismo día y en puntos geográficos opuestos de la entidad, reveló el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Miguel Santiago Reyes Hernández.
Durante su comparecencia ante diputados locales, el funcionario informó que se detectaron 57 casos de profesores que reportaban una carga académica imposible de cumplir. Como ejemplo, señaló que algunos académicos aseguraban haber dado clases un mismo sábado tanto en Poza Rica, al norte del estado, como en Coatzacoalcos, en el extremo sur.
“Había docentes en donde en un solo sábado daban 40 clases; estaban en Poza Rica y querían que les pagáramos en Coatzacoalcos”, puntualizó el secretario ante el Congreso local.
Reyes Hernández explicó que estas anomalías formaban parte del esquema de operación de la fundación que anteriormente administraba los fondos de la institución. Ante ello, el Gobierno del Estado presentó cuatro denuncias —tres interpuestas por Sefiplan y una por la propia UPAV— por los presuntos delitos de incumplimiento de un deber legal, peculado, defraudación fiscal, lavado de dinero y delincuencia organizada.
De acuerdo con el titular de Finanzas, dicha fundación habría retenido de manera irregular 280 millones de pesos pertenecientes a los recursos de la universidad. “La fundación se fugó con 280 millones de pesos en su bolsa, por eso están las denuncias”, sostuvo, añadiendo que ya se colabora con las fiscalías correspondientes para dar seguimiento a las carpetas de investigación.
El funcionario calificó el modelo administrativo anterior como un “esquema fraudulento” en el que la institución operaba prácticamente como un “cascarón”, sin registros confiables de su matrícula ni de la plantilla laboral, ya que ni la rectoría pasada ni el área de Control Escolar pudieron acreditar los datos académicos al momento de la entrega-recepción.
Según detalló Sefiplan, las cuotas aportadas por los estudiantes no llegaban directamente a los maestros, sino que eran trianguladas a través de diversas empresas privadas:
El dinero ingresaba inicialmente a una inmobiliaria.
Posteriormente se transfería a una segunda empresa del mismo giro.
Finalmente pasaba a una agencia de publicidad, instancia desde la cual se dispersaban los pagos a los profesores mediante recibos de honorarios, privándolos de antigüedad y prestaciones laborales.
Asimismo, los montos a pagar se calculaban con base en la cantidad de alumnos que cada docente aseguraba atender, sin que existiera un padrón oficial que lo comprobara.
Tras iniciar una auditoría y revisión de expedientes a un universo de 4 mil 767 docentes registrados en la UPAV, las autoridades determinaron que solo 205 mantienen pagos detenidos debido a inconsistencias, entre las que destacan expedientes incompletos, falta del perfil académico requerido y los 57 casos de cobros excesivos por materias.
Finalmente, Reyes Hernández informó que la actual administración estatal ya cubrió 84.2 millones de pesos para saldar adeudos acumulados desde 2025 con los profesores de la institución, además de destinar otros 24 millones de pesos para liquidar obligaciones financieras heredadas del periodo anterior.
