*.- Sefiplan y la universidad presentaron cuatro denuncias ante fiscalías estatales y federales —incluida la FEMDO— por peculado, lavado de dinero y delincuencia organizada.
Un presunto esquema de corrupción de estructura piramidal, triangulación de recursos a través de inmobiliarias y el desvío de alrededor de 280 millones de pesos en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), derivó en cuatro denuncias penales ante instancias estatales y federales, informó el secretario de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Miguel Santiago Reyes Hernández.
Durante su comparecencia ante el Congreso del Estado este miércoles 18 de noviembre, el funcionario detalló que la institución operaba prácticamente como un “cascarón” administrativo, ya que las cuotas aportadas por los estudiantes eran captadas directamente por una fundación externa sin que la universidad tuviera control ni fiscalización sobre el dinero.
De acuerdo con la exposición de Reyes Hernández, el modelo de captación y dispersión de recursos presentaba irregularidades estructurales diseñadas para desviar fondos y evadir controles:
Captación externa: A raíz de un convenio firmado el 2 de enero de 2025 entre la UPAV y la Fundación EDAL, esta última recibía de manera directa los ingresos de la universidad, generando una grave afectación patrimonial.
Justificación con empresas fantasma o ajenas: Para comprobar el gasto y dispersar el dinero hacia docentes y directivos (denominados “figuras solidarias”), se utilizaban recibos expedidos por empresas inmobiliarias y agencias de publicidad totalmente ajenas al sector educativo, simulando pagos bajo el concepto de “publicaciones”.
Esquema piramidal y precarización: La remuneración de los maestros estaba condicionada a la cantidad de alumnos que lograran reclutar e incorporar a la matrícula. Pese a ello, los docentes carecían de contratos, expedientes formales y garantías laborales.
Desvío de cuotas: Se detectó el cobro sistemático de cuotas de mantenimiento a los alumnos cuyos montos nunca fueron aplicados a las instalaciones ni a la operación educativa.
Ante la magnitud de los hallazgos, el Gobierno del Estado y la propia casa de estudios procedieron legalmente ante distintas instancias ministeriales:
Fiscalía Anticorrupción (FGE): Se interpusieron denuncias por los delitos de incumplimiento de un deber legal, peculado y defraudación fiscal, derivados del convenio con la Fundación EDAL.
Fiscalía de Investigaciones Ministeriales (FGE): Se denunció el presunto delito de lavado de dinero, tras detectar operaciones de arrendamiento y compra de bienes muebles e inmuebles utilizadas para ocultar el origen ilícito de los recursos públicos.
Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO-FGR): La propia UPAV presentó una denuncia federal por delincuencia organizada. Esta acción se sustentó en reportes de la Unidad de Inteligencia Patrimonial, Económica y Fiscal, que identificaron a un grupo de personas infiltradas en puestos estratégicos de la universidad para captar dinero y beneficiar a particulares.
Como parte del proceso de saneamiento y reingeniería administrativa de la UPAV, Reyes Hernández señaló que el Gobierno de Veracruz asumió la responsabilidad de liquidar los pasivos dejados por el modelo anterior. En total, la administración estatal reconoció adeudos por 84.2 millones de pesos correspondientes a obligaciones de 2025, además de una bolsa adicional de 24.5 millones de pesos destinada a cubrir los pagos pendientes de docentes y directivos.
