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*.- El Departamento de Estado busca desmantelar los flujos ilícitos de grupos designados como terroristas mediante denuncias anónimas; la DEA advierte que perseguirá a funcionarios corruptos.
El gobierno de Estados Unidos anunció una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información confidencial que permita interrumpir los mecanismos financieros de los cárteles y organizaciones transnacionales designados como grupos terroristas extranjeros.
De acuerdo con el comunicado emitido por el Departamento de Estado, el objetivo de esta campaña es golpear las fuentes de ingreso y las redes de facilitación económica que sostienen a estas agrupaciones. Las autoridades estadunidenses señalaron que dichos grupos obtienen capital a gran escala no solo del narcotráfico, sino también del robo de combustible, el secuestro y las transacciones inmobiliarias.
Para garantizar la seguridad e identidad de los informantes, Washington habilitó canales de comunicación cifrada, entre los que destacan la plataforma de mensajería Signal y el envío de correos electrónicos mediante la red anónima Tor.
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En su aviso oficial, el Departamento de Estado detalló los rubros específicos de información financiera que serán sujetos a recompensa:
Donantes y facilitadores: Contribuciones financieras dirigidas a los cárteles por parte de patrocinadores o intermediarios.
Sistema financiero: Transacciones significativas realizadas a través de bancos y casas de cambio que beneficien a estas organizaciones.
Robo de hidrocarburos: Esquemas de extracción y venta ilegal de combustible (“huachicol”) y otras operaciones ilícitas.
Inversiones: Empresas o activos que sean propiedad o estén bajo el control de los grupos delictivos y sus operadores financieros.
Empresas fachada: Compañías vinculadas a los cárteles que realicen movimientos financieros en su nombre.
Redes de apoyo: Esquemas delictivos en los que participen miembros y simpatizantes para generar beneficios económicos a la organización.
Nexos formales: Acuerdos o sociedades entre instituciones financieras establecidas y los grupos criminales.
Logística y capital: Transferencias de fondos y materiales desde o hacia los cárteles y sus operativos.
El anuncio de las recompensas ocurre en medio de un endurecimiento en el discurso de las agencias de seguridad estadunidenses. Esta misma semana, el director de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terry Cole, advirtió que perseguirán “sin descanso” a los funcionarios corruptos y actores políticos que se beneficien del crimen organizado.
Tras la sentencia de 22 años y seis meses de prisión dictada contra Antonio Oseguera, hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, Cole aseguró en sus redes sociales que “la corrupción y el narcotráfico van de la mano, sin importar la posición política”, reiterando que la impunidad en México alimenta el poder de los cárteles. Este señalamiento coincide con el séptimo mes desde que el Departamento de Justicia acusó a 10 funcionarios y políticos mexicanos, entre ellos el gobernador Rubén Rocha Moya.
En respuesta a las declaraciones de la DEA, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, calificó los dichos como “comentarios normales” que se respetan, pero subrayó que el gobierno mexicano no aceptará ningún tipo de injerencia ni violación a su soberanía.
De forma paralela, la tensión diplomática se extendió al ámbito digital, luego de que las embajadas de Estados Unidos y China protagonizaran un intercambio de señalamientos en redes sociales respecto al origen de los precursores químicos utilizados para la fabricación de fentanilo.
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