El reciente nombramiento de Blanca Yassahara Cruz García como presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE) reavivó los señalamientos en su contra por presuntas irregularidades y favorecimiento político durante su gestión al frente del Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEEP) en los comicios de junio de 2024.
La funcionaria ha sido cuestionada por la supuesta transferencia irregular de más de 27 mil votos de Morena hacia su aliado local, Fuerza por México (FxM), maniobra que habría permitido a este último conservar su registro legal en la entidad.
Las acusaciones se sustentan en denuncias presentadas por Mario Riestra Piña, ex candidato del PAN a la alcaldía de Puebla y actual dirigente estatal del blanquiazul, quien acusó penalmente a los integrantes del consejo del IEEP —encabezado en ese momento por Cruz García— por manipular las actas finales en la capital poblana.
De acuerdo con las impugnaciones de la coalición opositora, los resultados asentados en las urnas discrepaban de los cómputos finales. Pese a que el representante del PAN solicitó las copias certificadas de las actas de casilla para sustentar la demanda, la Dirección de Organización del IEEP se negó a entregarlas alegando que no se encontraban en su poder.
Ante las anomalías, el órgano electoral local limitó su actuación a abrir un expediente en la Contraloría Interna para deslindar responsabilidades, trámite del que no se han reportado resultados a la fecha.
A las acusaciones de sesgo político se suman los cuestionamientos sobre la contratación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). Bajo la administración de Cruz García, el IEEP adjudicó el sistema a la empresa Grupo Proisi por un costo inicial de 55 millones de pesos, presupuesto que finalmente se elevó a 68 millones de pesos debido a nóminas adicionales.
El monto representó un incremento de 133% respecto a lo pagado a la misma proveedora en las elecciones de 2018. Pese al sobrecosto, el sistema registró fallas operativas severas durante la jornada del 2 de junio de 2024:
El conteo rápido fue suspendido de forma intempestiva al alcanzarse solo el 83% de las actas contabilizadas.
El sistema bloqueó el acceso a las imágenes de las actas de casilla durante cuatro días tras los cómputos.
Se detectaron inconsistencias donde las sumatorias numéricas de los votos rebasaban el 100%.
Ante el silencio de Cruz García frente a los reclamos de auditoría y transparencia formulados por la oposición, diversos sectores políticos han calificado su llegada al Consejo General del INE y su posterior asunción a la presidencia interina como un incentivo tras el proceso electoral poblano.
