Aníbal Carrasco, extrabajador de la refinería Antonio Dovalí Jaime de Pemex, fue despedido tras denunciar simulación de trabajos de limpieza de derrames por parte de empresas vinculadas a Felipa Obrador Olán, prima del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con el testimonio de Carrasco, Química Apollo, firma en la que Obrador Olán figura como socia, recibió contratos entre 2019 y 2020 por 253.9 millones de pesos para sanear derrames de hidrocarburos en la refinería. Sin embargo, la empresa no retiraba el combustible: solo lo movía de un punto a otro y lo vertía al drenaje.
“Por eso cada que llueve se contamina la playa, porque se convierte en un río de gasolina”, afirmó Carrasco. Esa práctica, señaló, provocó incendios en 2017 y 2024 cuando vehículos que circulaban por las calles generaron chispas al contacto con los hidrocarburos derramados.
El denunciante reportó la irregularidad en 2019 a sus superiores, pero fue cambiado al área de Efluentes. Ahí, el 14 de abril de 2020, se negó a firmar el pago por un “Tratamiento químico integral al aceite recuperado de efluentes” porque el servicio no se realizaba. Tras ello, fue reubicado a una oficina sin funciones ni conexión a internet, aunque seguía recibiendo salario.
Carrasco documentó que, tras la instrucción presidencial de no dar más contratos a Química Apollo en 2020, apareció Recursos Omega con el mismo equipo y maquinaria, solo con cambio de uniforme. Entre 2022 y 2024, el Instituto Mexicano del Petróleo subcontrató a Recursos Omega para el mismo servicio, pese a no contar con equipo propio.
La información recabada por el extrabajador fue retomada por el Sistema Nacional Anticorrupción en el “Estudio exploratorio Salina Cruz”. El SNA halló que los contratos no estaban en el Portal Público de Pemex y que existen discrepancias entre lo publicado y lo obtenido vía INAI.
Química Apollo recibió un contrato del 29 de octubre al 20 de noviembre de 2021 por 1.6 millones de dólares; Recursos Omega, del 24 al 31 de noviembre de 2021, por 858 mil dólares; y el IMP, del 30 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2023, por 48.8 millones de dólares.
“La recurrencia de derrames e incendios crea una duda razonable sobre la autenticidad de los servicios contratados o al menos cuestionan su efectividad”, señala el estudio.
Vania Pérez Morales, expresidenta del SNA, indicó que Carrasco actuó como alertador de corrupción y por ello fue “sacado de la jugada”. El extrabajador solicitó protección del Estado Mexicano ante posibles represalias.
