Beatriz Uscanga, integrante del colectivo de madres buscadoras en Veracruz, fue víctima de un violento ataque armado en el interior de su domicilio ubicado en la Cuenca del Papaloapan durante la madrugada del pasado miércoles 23 de septiembre. La activista denunció que, tras la agresión, solicitó auxilio a las autoridades, pero los servicios de emergencia ignoraron su llamado.
Los hechos ocurrieron poco después de la 1:00 a.m., cuando la víctima escuchó ruidos en la entrada de su vivienda. Al bajar las escaleras para revisar la situación, descubrió que un grupo de hombres encapuchados ya se encontraba en el interior tras romper el marco de la puerta.
Uscanga forcejeó con los agresores, quienes la empujaron provocando que se golpeara la cabeza. Durante la agresión, los sujetos la hirieron en el abdomen con un arma blanca (navaja) antes de darse a la fuga. En el inmueble también se encontraban su hija adolescente y su madre enferma.
A pesar de que la madre buscadora realizó dos llamadas consecutivas al número de emergencias 911 inmediatamente después de la agresión, las corporaciones policíacas y de auxilio llegaron al sitio hasta la tarde del mismo día. La activista ya había solicitado previamente medidas de protección ante la Fiscalía Regional de Cosamaloapan debido a antecedentes de amenazas.
Este no es el primer atentado contra Beatriz Uscanga. En noviembre de 2025, la activista sufrió una agresión similar en el estado de Jalisco, donde fue interceptada por hombres armados al salir de una misa, golpeada y amenazada de muerte, situación que la obligó a desplazar e instalarse nuevamente en Veracruz.
Uscanga inició su labor de búsqueda tras la desaparición de su hijo, Sebastián Menéndez Hernández, de 18 años y exjugador de fútbol de segunda división, quien fue visto por última vez el 4 de septiembre tras viajar de Querétaro a Guadalajara enganchado por una oferta de trabajo engañosa.
Posteriormente, la madre logró localizarlo en prisión, donde permanece recluido acusado del delito de robo de vehículos. La activista sostiene que su hijo fue coaccionado y obligado a cometer dicho ilícito contra su voluntad por el grupo delictivo que lo reclutó.
Hasta el momento, las autoridades estatales no han emitido un comunicado oficial sobre el estado de salud de la activista ni sobre el avance en las investigaciones por la irrupción violenta a su domicilio.
