El coordinador estatal del IMSS-Bienestar en Veracruz, Roberto Ramos Alor, evitó fijar una postura sobre su continuidad en el cargo tras las crecientes exigencias de destitución por parte de trabajadores del sector salud, argumentando que su permanencia “no le corresponde” decidirla a él, sino a sus superiores jerárquicos.
Cuestionado en la capital del estado sobre las protestas por desabasto de medicamentos y material de curación en los nosocomios de la entidad, el funcionario aseguró que las unidades médicas operan con un nivel de surtimiento cercano al 80 por ciento, tras una gira de supervisión realizada junto con la gobernadora Rocío Nahle García por los 61 hospitales del estado.
“Hemos encontrado los 61 hospitales con suficientes medicamentos, insumos quirúrgicos y, bueno, yo creo que esa parte del trabajo de insumos, pues estamos cumpliendo con todo”, afirmó Ramos Alor al sostener que se ha hecho frente a la demanda hospitalaria.
Las declaraciones del delegado se dan en un contexto de inconformidad laboral. Personal médico y de enfermería de diversas unidades del estado ha encabezado manifestaciones públicas para denunciar la carencia recurrente de insumos básicos y material quirúrgico, demandas que han venido acompañadas de la exigencia abierta de la renuncia de Ramos Alor.
Respecto al derecho de protesta del personal de salud, el funcionario se limitó a declarar que los trabajadores “están en su derecho de manifestarse” al considerar que México es un país democrático.
La crisis en el sistema de salud estatal derivó en la intervención del Gobierno Federal. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció previamente que se evaluaría el desempeño del coordinador estatal, mientras que el director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, desplegó una gira de supervisión directa por la infraestructura hospitalaria veracruzana.
A la presión por las carencias en los hospitales se suma el frente legal. Ramos Alor omitió dar respuesta y guardó silencio al ser interrogado sobre la investigación que mantiene abierta en su contra la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
La titular de dicha instancia federal, Raquel Buenrostro Sánchez, confirmó recientemente que se inició un expediente de oficio para indagar presuntas irregularidades en la gestión del funcionario, proceso que continúa en integración.
