+.-El caso de los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca en enero de 2016 cumple 10 años sin sentencias condenatorias, pese a que 20 personas continúan detenidas y las familias exigen al Poder Judicial resolver el juicio y castigar a los responsables
LA SILLA ROTA
XALAPA, VER.- “Han sido 10 años, nosotros aquí sufriendo; estamos agotados, cansados, ya queremos salir de este martirio”, dice José Benítez Herrera, padre de José Benítez de la O, uno de los cinco jóvenes desaparecidos y asesinados en el municipio de Tierra Blanca el 11 de enero de 2016. El caso —que marcó al gobierno de Javier Duarte de Ochoa por el fenómeno de las desapariciones forzadas en Veracruz—, cumple 10 años sin justicia, porque ninguno de los detenidos (8 expolicías y 12 presuntos sicarios) ha recibido una sentencia condenatoria.
El 11 de enero de 2016, cinco jóvenes originarios del Municipio de Playa Vicente viajaron al puerto de Veracruz a pasar un fin de semana. A su regreso, en el Municipio de Tierra Blanca, fueron interceptados y detenidos por policías adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP); posteriormente los entregaron con una célula del Cartel de Jalisco Nueva Generación.
Las víctimas son: Susana Tapia Garibo (de 16 años), José Benítez de la O (24), Bernardo Benítez Arroniz (25), José Alfredo González Díaz (25) y Mario Arturo Orozco Sánchez (27). De acuerdo con investigaciones ministeriales y una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a todos los torturaron y asesinaron en un rancho llamado “El Limón”, en el Municipio de Tlalixcoyan, dentro de la Cuenca del Papaloapan. En ese lugar, autoridades federales recabaron unos 8 mil restos humanos y objetos utilizados para el robo de combustible.
En El Limón, la extinta Gendarmería Nacional (GN) encontró un pedazo de hueso de Bernardo Benítez Arroniz y gotas de sangre de Luis Alfredo González Díaz; pero también indicios de otras siete personas que desaparecieron en esa región identificados como: J.A.B.L., D.R.P., E.B.S., A.M.M., D.F.R., J.M.E.L y T.M.G.; los restos fueron entregados con sus familiares.
Los demás hallazgos, pertenecientes a 300 o 400 personas, según cifras estimadas por las propias autoridades federales, no pudieron ser identificados por el estado de descomposición que guardaban. El exsubsecretario de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, confirmó que la inhumación de cuerpos en ese rancho ocurrió de manera sistemática y durante varios años.
Por este caso un total de 23 personas fueron detenidas: 15 civiles acusados de ser parte de una célula del CJNG y ocho policías estatales, entre ellos el exsubdelegado regional de la SSP en Tierra Blanca, Marcos Conde. Tres de estas personas fueron absueltas de todos los delitos en su contra pero dos murieron acribilladas meses después de salir de prisión: Francisco Navarrete Serna y su hijo, Francisco Navarrete Abraham.
El resto de las personas que permanecen detenidas (20) cumplen 10 años sin sentencia. Y, pese a diversas protestas y a la relevancia que tomó el caso, conocido como “Tierra Blanca”, únicamente enfrentan un juicio en el fuero común, por el delito de desaparición forzada de personas. Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) ha desestimado pruebas para procesarlos por el delito de delincuencia organizada.
Autoridades tienen las pruebas; queremos sentencias a los culpables
José Benítez Herrera reiteró que en cuanto a las investigaciones del fuero común, el juicio contra 20 personas por el delito de desaparición forzada ya agotó la etapa de instrucción y solo están a la espera de una sentencia. Por lo anterior, urgió al Tribunal Supremo de Justicia para emitir un fallo.
“La parte legal en el estado ya la cerramos en el juzgado primero de instancia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, bajo el expediente es el 6-46/2017. Estamos esperando a que hagan su trabajo y que nos den lo más pronto posible la sentencia. En el caso del Estado ya está cerrado, gracias a la hoy fiscal Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, quien entonces era la magistrada presienta del Poder Judicial de Veracruz, con ella avanzamos en dos años lo que no hicimos en ocho. Se lo agradezco personalmente”, dijo Benítez Herrera.
En cuanto a las investigaciones a nivel federal, agregó, el panorama es adverso, pues todos los detenidos ya fueron absueltos por el delito de delincuencia organizada; ante dicha determinación, la defensa de las cinco familias interpuso un recurso de apelación que sigue pendiente de resolverse.
“Son 10 años ya y cuatro gobierno estatales: Javier Duarte, Flavino Ríos (interno en 2016), Miguel Ángel Yunes Linares, Cuitláhuac García Jiménez y ahora con Rocío Nahle García. Las familias ya estamos agotadas. Son muchos años de idas y vueltas y papeleo”, enfatizó.
Además, hay otras dos denuncias que permanecen estancadas, explica el padre de la José Benítez de la O: “una contra el ex secretario de Seguridad Pública (Arturo Bermúdez Zurita) por otorgar nombramientos a los policías que secuestraron a nuestros hijos a pesar de que no habían aprobado exámenes de control de confianza; y otra presentada por la CNDH el 30 de agosto de 2017, por el delito de tortura, ante la entonces subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, pero desconocemos cualquier resultado hasta la fecha”.
Finalmente, José Benítez dijo que las cinco familias desean tomarle la palabra a los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y tener una audiencia pública con ellos. “Los nuevos ministros prometieron que las cosas serán distintas; aquí está nuestro caso, pues, se los exponemos para que ya se siga cometiendo en el país”.
