+.-El exgobernador de Veracruz concluye este 15 de abril su sentencia por lavado de dinero y asociación delictuosa; enfrenta una nueva causa por peculado con prisión preventiva.
El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, cumple este miércoles 15 de abril la condena de nueve años de prisión que se le impuso por los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sin embargo, no recuperará su libertad debido a que enfrenta un nuevo proceso penal que lo mantiene en prisión preventiva en el Reclusorio Norte.
Duarte fue sentenciado en septiembre de 2018 mediante procedimiento abreviado a nueve años de cárcel, el decomiso de 40 propiedades y una multa de 58 mil 890 pesos, tras declararse culpable de asociación delictuosa y lavado de dinero. La pena se contabilizó desde su detención en Guatemala, el 15 de abril de 2017.
En ese año fue extraditado a México únicamente por esos dos delitos federales, por lo que solo pudo ser procesado por dichos cargos en ese momento.
El pasado 17 de febrero, el exmandatario fue vinculado a proceso por el delito de peculado, por un presunto daño patrimonial de 5 millones de pesos a un fondo destinado a obras de salud para niños y adultos mayores en Veracruz, correspondiente a 2012.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República, se obtuvo vinculación a proceso y prisión preventiva justificada en contra de Javier “N” por su probable participación en el delito.
El juez fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria dentro de la causa penal 667/2025, que concluye el próximo 17 de agosto. En ese periodo, tanto la defensa como la FGR reunirán los datos de prueba que serán presentados en el eventual juicio.
La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción ha solicitado una pena de hasta 21 años de prisión por este caso.
Duarte promovió un amparo contra la medida cautelar. Sin embargo, un juez ratificó la prisión preventiva justificada, por lo que deberá permanecer en el Reclusorio Norte.
En noviembre de 2025, el exgobernador solicitó el beneficio de libertad anticipada. La jueza de control Ángela Zamorano determinó que no cumplía con los requisitos de ley, entre ellos no tener procesos penales pendientes.
Al exmandatario también se le imputó el delito de desaparición forzada en agravio del policía estatal David Lara Cruz, ocurrido en enero de 2016. Aunque en noviembre de 2024 un juez dictó la no vinculación a proceso, el Ministerio Público impugnó la resolución, por lo que el caso continúa abierto.
