Con el respaldo unánime de los 199 ayuntamientos involucrados, el Gobierno de Veracruz puso en marcha la ruta jurídica, técnica y financiera para liquidar la bursatilización contratada en 2008, señalada como uno de los esquemas más costosos para las finanzas municipales en las últimas décadas.
La Estrategia de Saneamiento Financiero Municipal, impulsada por la gobernadora Rocío Nahle García, logró construir consenso entre municipios de distintas fuerzas políticas para desmontar el mecanismo que mantenía comprometidas sus participaciones federales y limitaba la inversión en obra pública y servicios básicos.
Tras la entrega de las actas de Cabildo aprobadas por los ayuntamientos, el proceso avanzará bajo un cronograma coordinado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Finanzas y Planeación:
- 5 de junio: Inicia la validación documental de los 199 municipios.
- 15 de junio: Firma del convenio oficial del nuevo mecanismo estatal.
- 20 de junio: Sesión final de confirmación con representantes regionales.
La fase decisiva arranca en julio:
- 1 de julio: El Gobierno del Estado notificará al fideicomiso y a los tenedores bursátiles la decisión de liquidar anticipadamente la deuda.
- 21 de julio: Se transferirán los recursos correspondientes.
- 27 de julio: Se prevé la cancelación definitiva de los certificados bursátiles.
De cumplirse los tiempos establecidos, agosto marcaría el primer impacto directo: los ayuntamientos comenzarían a recibir íntegras sus participaciones federales, sin las retenciones aplicadas por Hacienda.
La propuesta estatal contempla que el Gobierno de Veracruz absorba el 75% del adeudo y los municipios el 25% restante, bajo un esquema sin cobro de intereses y con plazo máximo de liquidación al año 2030. Esto adelanta seis años el vencimiento originalmente proyectado para 2036.
Además del saneamiento financiero, la administración estatal estableció mecanismos de corresponsabilidad para garantizar que los recursos liberados se destinen prioritariamente a pavimentación, drenaje, alumbrado público, agua potable y seguridad.
La bursatilización, contratada hace 18 años, mantuvo comprometido un porcentaje de las participaciones federales de los municipios, reduciendo su capacidad para ejecutar obras y atender servicios básicos. Con su extinción, el Gobierno estatal busca liberar recursos y fortalecer las finanzas locales.
