Por segundo día consecutivo, fuerzas federales y estatales desplegaron operativos en la región serrana que divide a Puebla y Veracruz.
En el sitio aseguraron 587 costales de precursores químicos y 179 herramientas para la fabricación de metanfetaminas; la acción se suma a la captura de 7 presuntos delincuentes en Coscomatepec.
Por segundo día consecutivo, las faldas del volcán Pico de Orizaba se convirtieron en el escenario de intensos operativos interinstitucionales contra el crimen organizado. Este viernes, autoridades federales y estatales asestaron un histórico golpe financiero a las estructuras delictivas tras ubicar y desmantelar un laboratorio clandestino para la elaboración de metanfetaminas en el municipio de Tlachichuca, Puebla.
El hallazgo se concretó en la comunidad de Agua Escondida El Salitrero, situada en la franja norte del Parque Nacional Pico de Orizaba. De acuerdo con informes oficiales, el golpe económico estimado para las organizaciones criminales asciende a 4 mil 132 millones de pesos.
El complejo clandestino estaba distribuido en 11 zonas operativas dedicadas al procesamiento masivo de drogas sintéticas. Durante la incursión, los efectivos aseguraron:
587 costales cargados con precursores químicos.
179 objetos y herramientas destinadas a la síntesis e industrialización de drogas ilícitas.
Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas detenidas en el sitio del hallazgo, el cual quedó bajo resguardo de las fuerzas de seguridad para las diligencias de ley.
El desmantelamiento en Tlachichuca forma parte de una ofensiva coordinada que inició un día antes en el lado veracruzano de la misma zona montañosa.
Apenas el jueves, fuerzas federales y estatales desplegaron un operativo en el municipio de Coscomatepec de Bravo, Veracruz, donde lograron la detención de siete personas, así como el aseguramiento de armas de fuego y una docena de vehículos presuntamente utilizados por la célula criminal. Los detenidos y lo asegurado en esa acción fueron trasladados e puestos a disposición de la Fiscalía Regional de Córdoba.
En las intervenciones de esta zona limítrofe participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Guardia Nacional, así como inspectores de la PROFEPA y la SEMARNAT para evaluar los daños ambientales causados por los residuos químicos en la reserva natural.
