jueves, agosto 13, 2026
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FGR asegura presunta gasera clandestina en José Azueta tras muerte de oficial federal

  • El cateo en la comunidad de Dobladero está ligado al atropellamiento de un elemento de la SSPC por parte del conductor de una pipa robada.

  • Es el segundo aseguramiento de instalaciones de hidrocarburos de procedencia ilícita en Veracruz en menos de 15 días.

Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Guardia Nacional, aseguraron una presunta planta clandestina de almacenamiento y distribución de gas LP ubicada en el municipio de José Azueta, cerca de los límites con el estado de Oaxaca.

El operativo federal se desplegó a la altura del kilómetro 43 de la carretera Sayula–Tierra Blanca, en la comunidad de Dobladero. Según fuentes policiales, la intervención se concretó desde la madrugada del pasado martes 11 de agosto, luego de que las fuerzas de seguridad detectaran a sujetos abasteciendo combustible sin contar con la documentación legal que acreditara su procedencia.

Aunque la FGR no ha emitido un comunicado oficial, el aseguramiento está directamente relacionado con la muerte del oficial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Noel Meléndez Juárez, ocurrida el pasado 6 de agosto.

El agente perdió la vida al ser embestido sobre la autopista Cosoleacaque–La Tinaja, en el tramo Acayucan–Isla, cuando el conductor de una pipa cargada con gas LP y con reporte de robo embistió un punto de revisión de las fuerzas federales para evitar ser detenido.

Las investigaciones en la región permitieron rastrear la unidad y ubicar el centro de acopio clandestino en José Azueta.

Este operativo representa el segundo aseguramiento de infraestructura vinculada al comercio irregular de hidrocarburos en el estado en menos de dos semanas.

El pasado 29 de julio, el Gabinete de Seguridad Nacional confirmó la intervención de un centro de almacenamiento de combustible sobre la carretera Xalapa–Coatepec. Respecto a este caso, la empresa Servicios Ecológicos EVKADY emitió un posicionamiento en el que rechazó las acusaciones de ilicitud, argumentando que el cateo derivó de una denuncia anónima falsa y reafirmando su disposición a colaborar con las autoridades para esclarecer los hechos.

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