La Diócesis de Culiacán confirmó que el sacerdote Clemente Morales Topete, de 67 años, fue víctima de golpizas, quemaduras graves y reiteradas amenazas de muerte durante los tres días que permaneció privado de la libertad por un grupo armado, en un contexto de violencia que afecta a la entidad.
A través de una carta circular emitida el 1 de noviembre y firmada por el obispo Jesús José Herrera Quiñónez y el secretario canciller Ramón Alberto Ibarra Ayala, la institución eclesiástica detalló que los captores exigieron al religioso información que no poseía ni podía proporcionar.
Morales Topete, párroco del templo Cristo Resucitado en la colonia La Campiña, desapareció el sábado 24 de octubre alrededor de las 16:00 horas tras acudir a una consulta médica en el fraccionamiento Montebello. El presbítero abordó su camioneta Toyota Hilux gris con dirección a la parroquia para oficiar la misa de las 17:00 horas, a la que nunca llegó.
Tras tres días de cautiverio, el martes 27 de octubre el sacerdote logró regresar por sus propios medios a la casa parroquial conduciendo su mismo vehículo, presentando severas huellas de violencia física. Feligreses, religiosos y personal médico le brindaron los primeros auxilios antes de ingresarlo a una clínica especializada, donde su estado de salud evoluciona de forma favorable aunque bajo estricta observación médica y acompañamiento psicológico.
Por su parte, la fiscal general del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, confirmó la rendición de declaración del párroco y el otorgamiento de medidas de protección como víctima, manteniendo abierta la carpeta de investigación por el delito de privación ilegal de la libertad y lo que resulte.
En el documento oficial, la Diócesis reconoció la intervención de las corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, pero advirtió que los despliegues resultan insuficientes ante la crisis que atraviesa la región:
“Después de más de dos años de vivir esta situación, el sufrimiento de las familias, las desapariciones, las privaciones ilegales de la libertad y las muertes violentas (…) nos obligan a decir que lo realizado hasta ahora no ha sido suficiente para devolver a nuestra ciudad la tranquilidad. No bastan los discursos ni los datos estadísticos cuando las familias continúan sufriendo”, aseveró el obispo Herrera Quiñónez.
Asimismo, la representación católica lanzó un llamado directo a las organizaciones criminales que operan en Sinaloa a reflexionar sobre el daño provocado y detener la escalada de violencia, al tiempo que convocó a la sociedad civil e instituciones a trabajar en conjunto por la construcción de la paz.
