*.- Aunque el Gabinete de Seguridad destaca reducciones históricas en delitos de alto impacto y un cambio de estrategia respecto al sexenio anterior, especialistas advierten sobre el arraigo del cobro de piso y los riesgos de la prisión preventiva.
A dos años de haber iniciado la actual Administración federal encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el Gobierno de México presentó un balance de su estrategia de seguridad pública, destacando una reducción histórica en los índices de homicidio y una notable disminución en la percepción de inseguridad ciudadana. Sin embargo, analistas y organizaciones civiles advierten que el crimen organizado mantiene un fuerte arraigo mediante delitos como la extorsión y que el alza en las detenciones genera tensiones en el sistema penitenciario.
De acuerdo con cifras oficiales presentadas por el Gabinete de Seguridad —coordinado por Omar García Harfuch—, el promedio diario de homicidios a nivel nacional registró una baja del 50% en comparación con 2024, ubicándose en niveles no vistos desde 2015. Asimismo, entre 2025 y la fecha se reportan caídas en otros delitos de alto impacto: robo de vehículo con violencia (-25%), secuestro extorsivo (-29%), robo a negocio con violencia (-13%) y lesiones por arma de fuego (-12%).
En los hechos, la estrategia actual marca un giro respecto al enfoque del expresidente Andrés Manuel López Obrador, apostando por golpes operativos contra estructuras financieras y logísticas de cárteles clave, como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y las facciones del Cártel de Sinaloa.
Como consecuencia de esta tendencia, la percepción de inseguridad entre la ciudadanía cayó al 58% en septiembre pasado, el nivel más bajo registrado por el INEGI desde 2013 y casi 20 puntos por debajo del pico máximo reportado en 2018 (77%).
A pesar del avance global, especialistas señalan que la violencia se mantiene focalizada. En ciudades como Irapuato (Guanajuato), nueve de cada diez habitantes continúan sintiéndose inseguros, mientras que en municipios clave de Guerrero, Sinaloa, Morelos y Tamaulipas la cifra supera el 80%. En el sector empresarial, la percepción de inseguridad incluso mostró un ligero incremento, al pasar de 69% en 2024 a 71% en el presente año.
“Mientras el homicidio está cayendo de forma importante, las extorsiones no necesariamente están cayendo en el mismo sentido; quiere decir que sí hay menos muertes, pero que el crimen organizado sigue cobrando derecho de piso”, puntualizó el investigador Víctor Manuel Sánchez Valdés, al recordar que las denuncias por este delito se han duplicado en la última década.
Otro de los pilares del informe oficial es la aprehensión de más de 74,000 personas presuntamente vinculadas con hechos delictivos. Esta cifra ha derivado en un incremento del 18% en la población penitenciaria nacional durante los últimos dos años, de acuerdo con la organización Data Cívica.
Especialistas en seguridad y derechos humanos, como la investigadora Catalina Pérez Correa, expresaron recelo ante el hecho de que el 42% de los detenidos se encuentre en prisión preventiva sin haber recibido una sentencia definitiva, alertando sobre el uso discrecional del aparato punitivo del Estado.
Por su parte, analistas concluyen que, si bien la baja en homicidios representa un paso en la dirección correcta, la pacificación del país requerirá consolidar conquistas graduales para contener el impacto de otros delitos complejos en la vida cotidiana de las comunidades.
