*.-Un juez de control analizó la investigación con perspectiva de género tras la denuncia de una trabajadora del IMSS; el líder sindical enfrentará la investigación complementaria sujeto a medidas cautelares.
Un juez de control dictó auto de vinculación a proceso en contra de Joel “N”, dirigente de la Sección IV del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) Veracruz Sur, por su presunta responsabilidad en el delito de hostigamiento sexual cometido en agravio de una trabajadora de la institución.
La resolución fue emitida este 13 de agosto al término de la audiencia inicial conducida por el juez Germán Jiménez Oseguera en la Ciudad Judicial de Orizaba, quien analizó la carpeta de investigación integrada por la fiscal Arelín Bárcenas Guzmán bajo criterios de perspectiva de género.
A pesar de la resolución judicial, se precisó que la vinculación a proceso no constituye una sentencia ni determina culpabilidad definitiva, por lo que el imputado enfrentará el procedimiento legal en libertad, sujeto a las medidas cautelares impuestas por la autoridad y a un plazo de tres meses para la investigación complementaria.
El caso se remonta a 2025, cuando la víctima, identificada como Mónica, interpuso la denuncia formal. Según lo declarado por la denunciante al salir de la sede judicial, el procedimiento sufrió constantes aplazamientos debido a que la defensa del señalado presentaba justificantes médicos para excusar su asistencia a las audiencias programadas.
Mónica expuso que, mientras el imputado justificaba ante la autoridad penal su imposibilidad física para acudir a los juzgados, de forma paralela mantenía apariciones en actos públicos y actividades propias de su encomienda sindical.
“La posibilidad de saber que quienes deberían salvaguardar los derechos sindicales como trabajadora del IMSS ocupan su cargo para hacer lo contrario, dejando en estado de vulnerabilidad total”, expresó la víctima, quien además señaló que su esposo fue despedido del IMSS Veracruz Sur en medio del litigio, caso que se desahoga por la vía laboral como un presunto despido injustificado.
Pese a las complicaciones económicas y emocionales durante el proceso, la denunciante reconoció el desempeño de la Fiscalía General del Estado (FGE), de su asesoría jurídica y de la autoridad judicial para lograr la judicialización del expediente.
Mónica destacó que esta decisión representa un precedente relevante para las mujeres que enfrentan situaciones de violencia, acoso u hostigamiento en espacios de trabajo y representación gremial:
“Las mujeres deben poder desempeñar cargos laborales, políticos o sindicales en condiciones seguras, respetuosas y dignas”, concluyó, enfatizando que la resolución demuestra que la justicia puede alcanzar a figuras con cargos de liderazgo dentro de las organizaciones sindicales.
Durante el periodo de tres meses otorgado por el juez, tanto la representación social como las partes involucradas aportarán pruebas testimoniales y periciales antes de dar paso a las siguientes etapas procesales.
