Los más de 346 vehículos que serán dados de baja y posteriormente subastados por el Gobierno de Veracruz se encuentran en condiciones de abandono y deterioro que los hacen inservibles para cualquier función pública o social, aseguró la diputada local Tanya Carola Viveros Cházaro.
La legisladora explicó que el Congreso del Estado aprobó dos dictámenes para autorizar la baja de unidades pertenecientes a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), las cuales serán puestas a disposición mediante un proceso de subasta pública conforme a la normatividad vigente.
Detalló que uno de los dictámenes corresponde a la Secretaría de Salud e incluye cerca de 40 vehículos, principalmente ambulancias, mientras que el segundo contempla 306 unidades adscritas a la SSP.
“Lo que aprobó el Congreso fue la autorización para dar de baja estas unidades y que posteriormente puedan ser subastadas de manera pública y transparente; no se aprobó una venta directa”, puntualizó.
Viveros Cházaro afirmó que las unidades ya no pueden ser consideradas vehículos funcionales debido al nivel de deterioro que presentan, por lo que serán comercializadas como chatarra o desecho ferroso.
Explicó que algunas personas han planteado la posibilidad de rehabilitar los automotores para destinarlos a comunidades o labores sociales; sin embargo, aseguró que las condiciones mecánicas y administrativas de las unidades hacen inviable esa opción.
“No se están vendiendo como vehículos usados o descompuestos, sino como desecho ferroso. Muchas de estas unidades ya no pueden ser emplacadas ni dadas de alta nuevamente, por lo que no son aptas para prestar ningún servicio”, señaló.
La diputada indicó que conservar estas unidades representa una carga económica para la administración pública, ya que continúan ocupando espacios físicos y requieren recursos para su resguardo, pese a no tener utilidad operativa.
“Se sigue gastando dinero en mantener vehículos que ya no son vehículos, sino prácticamente chatarra. Además, con el paso del tiempo continúan depreciándose y generando costos innecesarios para el Estado”, afirmó.
Añadió que este tipo de procesos también buscan reducir rezagos administrativos que durante años han impedido la disposición final de bienes inservibles tanto en dependencias estatales como en gobiernos municipales.
La legisladora destacó que la eliminación de unidades abandonadas también tiene beneficios en materia ambiental y de ordenamiento institucional.
Explicó que los vehículos fuera de servicio suelen ocupar terrenos durante largos periodos, además de convertirse en focos de contaminación y espacios propicios para la proliferación de fauna nociva.
Finalmente, sostuvo que aunque los recursos obtenidos mediante la subasta no serán elevados debido al estado de las unidades, permitirán recuperar parte de su valor y destinar esos ingresos a actividades más útiles para la administración pública.
