Después del rechazo a su propuesta de reforma electoral constitucional en la Cámara de Diputados, la presidenta Claudia Sheinbaum se alista para impulsar un “Plan B”. Esta nueva estrategia buscaría modificar aspectos clave del sistema electoral, pero esta vez a través de cambios legales, sin necesidad de la mayoría calificada que exige una reforma constitucional.
La ruta planteada por la administración de Sheinbaum se centraría en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Esta vía permitiría a la mayoría simple de Morena y sus aliados en el Congreso aprobar las modificaciones deseadas.
Entre las medidas que se analizan para este “Plan B” figuran:
- Reducción del presupuesto y la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE), un objetivo recurrente en las iniciativas de la actual administración.
- Ajustes en los procesos de la jornada electoral, con miras a optimizar recursos y tiempos.
- Desaparición del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), un sistema que tradicionalmente brinda certidumbre y transparencia en la noche de la elección.
- Adelanto de los cómputos distritales, moviéndolos del miércoles posterior a la elección al mismo domingo de la jornada electoral.
Sin embargo, esta vía legal tiene sus limitaciones. Temas fundamentales como el financiamiento público de los partidos políticos y la integración del Congreso de la Unión, que incluyen la composición de diputados de representación proporcional, no podrán ser modificados a través de leyes secundarias, ya que se encuentran blindados directamente en la Constitución Política.
El “Plan B” de la reforma electoral representa un nuevo capítulo en la contienda por el futuro del sistema electoral mexicano, con la presidenta Sheinbaum buscando alternativas para implementar los cambios deseados, aunque con un alcance más limitado que su propuesta original.
