Durante la administración del exgobernador Cuitláhuac García Jiménez, los órganos fiscalizadores detectaron observaciones por más de 9 mil millones de pesos en el manejo de recursos estatales y federales; sin embargo, hasta el momento solo se han presentado tres denuncias penales contra presuntos responsables.
De acuerdo con información del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) y la Auditoría Superior de la Federación (Auditoría Superior de la Federación), las observaciones corresponden a posibles irregularidades en dependencias, organismos públicos y fideicomisos durante el periodo 2018–2024.
Las investigaciones señalan que el mayor volumen de observaciones se concentró en áreas como salud, educación e infraestructura, así como en diversos institutos tecnológicos superiores, donde se registraron sanciones administrativas, inhabilitaciones y amonestaciones a servidores públicos.
En entrevista, la auditora general del estado, Delia González Cobos, explicó que los procesos administrativos pueden extenderse hasta por siete años, debido a las etapas de revisión, solventación y análisis técnico antes de poder derivar en denuncias penales o sanciones definitivas.
Indicó que, hasta ahora, se han presentado dos denuncias por parte del ORFIS y una más por la Contraloría General del Estado, mientras que otros procedimientos continúan en integración.
En el ámbito federal, la Auditoría Superior de la Federación reportó observaciones acumuladas por miles de millones de pesos, de las cuales una parte corresponde a recursos ejercidos por el gobierno estatal, principalmente en cuentas públicas recientes.
Asimismo, el Sistema Estatal Anticorrupción ha documentado sanciones contra exfuncionarios, incluyendo inhabilitaciones, amonestaciones y resoluciones por faltas administrativas graves como peculado y desvío de recursos.
De acuerdo con los reportes, se mantienen abiertos más de 200 procesos administrativos relacionados con presuntas irregularidades, además de promociones de responsabilidad administrativa y pliegos de observaciones que siguen en revisión.
Las autoridades fiscalizadoras señalaron que la integración de los expedientes continúa y será hasta los próximos años cuando se determinen responsabilidades definitivas, debido a los plazos legales establecidos para este tipo de investigaciones.
