*.-La FGE relaciona al emecista Bertín Bravo con el extravío del empresario Héctor Ramos y su escolta; mensajes, videos y sábanas de llamadas ubican a las víctimas en la casa del edil antes de perder su rastro.
La Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó formalmente al Congreso de Veracruz la declaración de procedencia (desafuero) en contra del alcalde de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, por su presunta implicación en el delito de desaparición forzada cometida por particulares en agravio del empresario minero Héctor Ramos Sánchez y su escolta, Ignacio López.
De acuerdo con el expediente entregado al Poder Legislativo, la FGE cuenta con evidencias como grabaciones de videovigilancia, registros de telefonía celular, testimonios e inconsistencias en las declaraciones del munícipe de Movimiento Ciudadano (MC) que lo vinculan de manera directa con los hechos registrados el pasado 14 de mayo de 2026.
Según las investigaciones, la tarde del 14 de mayo el empresario Héctor Ramos avisó a su pareja que se dirigiante a la casa del alcalde, ubicada en la localidad de Barra de Chachalacas, luego de recibir una llamada del propio edil. Ramos viajó desde Emiliano Zapata junto con su escolta a bordo de una camioneta Chevrolet Cheyenne gris.
Cámaras de seguridad confirmaron el arribo del vehículo a las inmediaciones de la propiedad a las 13:18 horas. Minutos después, Ramos envió un mensaje vía WhatsApp a su cónyuge: “Sigo en casa de Bertín, vino el jefe de toda la zona, creo que es el jefe de plaza, me lo presentó y ya casi me voy amor”.
Los peritajes telefónicos revelan que los dispositivos del alcalde y de ambas víctimas coincidieron en el mismo punto durante más de tres horas. Pese a que el empresario tenía programada una visita a la mina La Ciénega a las 15:00 horas, a ambas personas se les perdió la pista tras ingresar al inmueble.
Entre los elementos probatorios integrados por la fiscalía figura el testimonio de un familiar de Ramos, quien afirmó que días después de la desaparición, el alcalde lo contactó vía telefónica para solicitarle la factura de la camioneta en la que se transportaban los agraviados.
El edil ya fue notificado formalmente por la Comisión Instructora del Congreso local y cuenta con un plazo legal que vence el próximo martes 28 de mayo para presentar sus pruebas de descargo.
De no desestimar las imputaciones, la comisión emitirá un dictamen que será sometido al Pleno. De alcanzarse las dos terceras partes de los votos para retirar el fuero constitucional, la FGE estará en condiciones de ejecutar una orden de aprehensión en contra del funcionario, a quien hasta el momento le asiste el principio de presunción de inocencia.
