*.-La gobernadora sostuvo que existe control en los reclusorios del estado y anunció un proyecto para construir un penal de alta seguridad en Medellín de Bravo ante la sobrepoblación existente.
La gobernadora Rocío Nahle García afirmó que las autoridades mantienen el control institucional y la seguridad en los centros penitenciarios de Veracruz, a pesar de los hallazgos revelados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que documentó prácticas de autogobierno, cobros de extorsión y actividades ilícitas en el penal de Poza Rica.
Al ser cuestionada sobre el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, la mandataria sostuvo que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) realiza revisiones continuas y ha incrementado el número de custodios en las instalaciones.
“En todos hay gobernanza y hay seguridad en todos. Imagínense, pues son penales donde están generadores de violencia o delincuentes que están ahí pagando alguna pena, pero nosotros ahí tenemos gobernanza de la Federación y del Estado”, declaró.
Sin embargo, al ser interrogada directamente sobre las condiciones de autogobierno señaladas por el organismo en Poza Rica, Nahle respondió: “Ah, no, eso no sé”, insistiendo en que existe control operativo en los establecimientos.
El informe del organismo nacional otorgó a Veracruz una calificación promedio de 5.38 sobre 10, reprobando a 14 de los 18 centros evaluados. Entre las principales anomalías documentadas se encuentran:
Poza Rica (Calificación 4.37): Ejercicio de funciones de autoridad por parte de internos, cobro de cuotas, sobornos y actividades ilícitas.
Tuxpan (Calificación 3.89): Fue el centro con la evaluación más baja del estado.
Pacho Viejo (Coatepec): Reportó sobrepoblación con 1,360 internos en un espacio diseñado para 898, además de déficit de custodios y fallas en atención médica.
A nivel general, los 18 reclusorios evaluados albergan a 8,669 personas, sobrepasando la capacidad instalada del estado, que es de 7,803 espacios.
Ante el escenario de hacinamiento, Nahle reconoció la sobrepoblación en el sistema penitenciario y reveló que desde inicios de año trabaja en la planeación de un nuevo centro de reclusión con capacidad para 2,400 internos.
La propuesta prevé ubicarse en el municipio de Medellín de Bravo, proyecto para el cual solicitó la evaluación de terrenos y contempla la colaboración de ingenieros militares de la Secretaría de la Defensa Nacional.
“Sí necesitamos hacer otro penal de alta seguridad”, afirmó la gobernadora, precisando que la construcción está proyectada para iniciar en 2027. Asimismo, descartó la reactivación del penal de Papantla, al tratarse de una infraestructura bajo jurisdicción federal.
