*.-La Secretaría de Gobierno instruye a la SSP a auditar cada procedimiento, incluso los respaldados por el Poder Judicial.
*.-Investigan una presunta red integrada por abogados, notarios y funcionarios públicos que ha afectado a más de 100 familias.
El Gobierno del Estado de Veracruz iniciará una revisión exhaustiva de todos los desalojos que se ejecuten en la entidad, incluyendo aquellos que cuenten con el respaldo de una orden judicial. El objetivo de esta medida es detectar posibles irregularidades y determinar si los procedimientos están vinculados al esquema de despojo patrimonial denominado “cártel inmobiliario”, informó el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil.
El encargado de la política interna del estado señaló que la instrucción ya fue girada formalmente a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Asimismo, confirmó que diversas dependencias estatales analizan de forma conjunta la actuación de jueces, magistrados, notarios, personal del Registro Público de la Propiedad y servidores públicos involucrados en dichos expedientes.
“A la Secretaría de Seguridad Pública le he pedido que cada desalojo, aunque venga con instrucción judicial, lo revisemos para ver si no hay una anomalía”, afirmó categóricamente Ahued Bardahuil.
De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, el llamado “cártel inmobiliario” opera como una red delictiva integrada por litigantes, fedatarios y particulares. Este grupo recurre al uso de juicios simulados, falsificación de documentos y diversas argucias legales para despojar a los legítimos propietarios de sus bienes inmuebles. Hasta el momento, este esquema ilícito ha afectado a más de 100 familias en la entidad, ensañándose principalmente con personas adultas mayores.
El funcionario estatal reveló que la Secretaría de Gobierno mantiene abiertas más de 120 mesas de atención a ciudadanos que denunciaron haber perdido su patrimonio mediante procedimientos presuntamente viciados originados en el Poder Judicial.
Ahued Bardahuil advirtió que en los casos donde se comprueben anomalías se procederá con todo el rigor de la ley. Como ejemplo de los primeros resultados de estas revisiones, destacó la reciente recuperación de una vivienda en el fraccionamiento Las Ánimas, en Xalapa, la cual había sido objeto de un desalojo indebido instruido inicialmente por un juez.
Finalmente, el secretario informó que para dar celeridad a las indagatorias se llevó a cabo una mesa de coordinación de alto nivel en la que participaron la Fiscalía General del Estado (FGE), el Poder Judicial, la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y el Colegio de Notarios, con el fin de delimitar responsabilidades y blindar el patrimonio de los veracruzanos.
