Un juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Veracruz confirmó la reactivación de una orden de aprehensión en contra de Mónica Ghihan Macías Tubilla, hermana de Karime Macías y excuñada del exgobernador Javier Duarte de Ochoa. La Fiscalía General de la República (FGR) la acusa del presunto delito de defraudación fiscal equiparable por un monto superior a los 3.5 millones de pesos.
El mandamiento judicial, solicitado por la FGR y librado originalmente en 2019, había sido dado de baja en febrero pasado; sin embargo, en días recientes las autoridades jurisdiccionales reconocieron su plena vigencia. La acusación se fundamenta en el Código Fiscal de la Federación, el cual sanciona con penas de dos a cinco años de prisión la evasión de montos que oscilan entre los 2.5 y los 3.7 millones de pesos.
A pesar de la confirmación de la orden, la detención inmediata de Macías Tubilla se encuentra temporalmente frenada. La jueza Emma Cristina Carlos Ávalos, titular del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, le otorgó una suspensión definitiva debido a que el delito imputado no contempla la prisión preventiva oficiosa dentro del marco legal vigente. Tras conceder la medida cautelar, la juzgadora declinó competencia para que el caso sea resuelto por un juez federal con jurisdicción en territorio veracruzano.
Las investigaciones de la FGR ubican a Mónica Macías como parte esencial de una presunta red de prestanombres operada durante la gestión de Duarte de Ochoa para adquirir bienes inmuebles en el extranjero con recursos de procedencia ilícita. Como antecedente de estas indagatorias, en 2018 la entonces PGR entregó al Gobierno de Veracruz cuatro departamentos registrados a su nombre.
Este revés judicial se suma a la ratificación hecha en 2023 por un Tribunal Federal, el cual le negó un amparo con el que buscaba declarar la prescripción de la acción penal. En tanto, su hermana Karime Macías continúa en el Reino Unido tras haber obtenido asilo político, mientras enfrenta en México una orden de captura por un presunto daño patrimonial de 112 millones de pesos.
