*.-El mecanismo contempla anonimato, evaluación de riesgo en máximo cinco días y medidas para evitar despidos, acoso o agresiones tras denunciar irregularidades.
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz publicó el Protocolo para la Atención y Protección de Personas Denunciantes o Alertadoras de Probables Actos de Corrupción, un instrumento normativo diseñado para salvaguardar la integridad de la ciudadanía o servidores públicos que señalen irregularidades y evitar cualquier tipo de represalia.
El documento, oficializado mediante su publicación en la Gaceta Oficial del Estado, fija los lineamientos para determinar, implementar y dar seguimiento a medidas de seguridad en favor de quienes enfrenten un riesgo alto o muy alto tras presentar una denuncia, bajo una política institucional de “cero tolerancia” a las represalias.
De acuerdo con la exposición de motivos de la FGE, el protocolo busca generar condiciones de confianza para fomentar la denuncia ciudadana responsable y consolidar la lucha contra la corrupción en la entidad.
Entre los puntos principales del nuevo protocolo destacan la apertura de canales de denuncia accesibles y la garantía de reserva de identidad o anonimato cuando las circunstancias lo requieran.
Asimismo, la normativa reconoce que las represalias pueden manifestarse en distintos ámbitos, por lo que contempla esquemas de protección preventivos y reactivos frente a:
Ámbito laboral: Prevención de despidos injustificados y acoso laboral.
Ámbito personal y social: Protección ante amenazas, agresiones físicas, afectaciones patrimoniales o intimidación hacia familiares de la persona alertadora.
Acompañamiento: Asesoría jurídica gratuita, atención médica y acompañamiento psicosocial.
El procedimiento establece que, una vez recibida la denuncia y la solicitud de protección, la autoridad competente contará con un plazo no mayor a cinco días para realizar la evaluación correspondiente. Los casos serán clasificados en cuatro niveles de riesgo: bajo, moderado, alto o muy alto.
Las medidas asignadas se mantendrán vigentes de forma continua durante todo el tiempo que persista la amenaza o hasta que la persona beneficiaria solicite expresamente su retiro.
La Fiscalía advirtió que los servidores públicos que omitan, retrasen o incumplan con la aplicación de estas medidas de seguridad serán sujetos a sanciones administrativas y penales conforme a la ley vigente.
