La Fiscalía de Estados Unidos solicitó de manera formal la pena de cadena perpetua y el decomiso de una histórica multa de 15 mil millones de dólares para el capo mexicano Ismael “El Mayo” Zambada García. Mientras el cofundador del Cártel de Sinaloa espera su sentencia definitiva en Nueva York para este próximo 20 de julio, en México el caso ha desatado una tormenta diplomática y judicial por el presunto secuestro del capo en territorio nacional y las crecientes contradicciones de Washington.
De acuerdo con la moción enviada al juez Brian M. Cogan, los fiscales estadounidenses argumentan que, a lo largo de décadas, Zambada operó como uno de los narcotraficantes más prolíficos del mundo, supervisando el contrabando de más de 1.5 millones de kilogramos de cocaína y otras drogas sintéticas a EE. UU. en un periodo de solo diez años, generando ganancias multimillonarias y distribuyendo millones de dólares en sobornos a militares, policías y políticos mexicanos.
En conferencia de prensa, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, abordó la reciente entrevista concedida por el exembajador estadounidense Ken Salazar, quien afirmó haber intentado comunicarse infructuosamente con el expresidente Andrés Manuel López Obrador tras la captura de Zambada el 25 de julio de 2024.
La mandataria federal destacó un punto clave: el propio diplomático reconoció que no existen pruebas que vinculen al exmandatario López Obrador ni al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, con actividades del narcotráfico. Sin embargo, Sheinbaum insistió en que la “pausa” diplomática con el exembajador estuvo plenamente justificada debido a las constantes versiones encontradas de Washington en torno al avión que trasladó a “El Mayo”.
“El exembajador dice que no tenía conocimiento de vínculos (…) El exembajador dice que no tiene pruebas y tomamos como tal lo que dice”, puntualizó la presidenta, cuestionando que ahora se presente dicha aeronave en un museo de la Oficina Federal de Investigación (FBI), contradiciendo la versión inicial de que ninguna agencia de EE. UU. había participado en el operativo.
De manera paralela, la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy, reveló que mantiene abiertas siete carpetas de investigación por posibles violaciones graves al derecho internacional y a la soberanía mexicana cometidas por autoridades de Estados Unidos.
De acuerdo con la FGR, las investigaciones apuntan a que el traslado de Zambada no fue una entrega voluntaria, sino un secuestro planificado y ejecutado en suelo mexicano, presuntamente con la colusión de agencias estadounidenses.
La Fiscalía mexicana expuso tres inconsistencias graves por parte del gobierno estadounidense:
La negación de su participación: EE. UU. sostuvo inicialmente que no planificó ni operó la extracción.
El origen de la aeronave: Se negó que el avión perteneciera a agencias de seguridad de ese país, versión desmentida por reportajes recientes que ubican la nave en instalaciones del FBI.
El conflicto entre cárteles: La narrativa de que fue una entrega fortuita derivada de disputas internas.
La conexión Ovidio Guzmán: La FGR detalló que, temporalmente, el presunto secuestro de “El Mayo” coincide con el cambio de medida cautelar de Ovidio Guzmán López en EE. UU., quien pasó a ser testigo protegido apenas dos días antes de la captura de Zambada, sin que la Embajada estadounidense notificara previamente al Gobierno de México.
Finalmente, las autoridades ministeriales de México reprocharon que el Departamento de Justicia de EE. UU. haya negado la solicitud de extradición de “El Mayo” bajo el argumento de que está siendo procesado en una corte de distrito de ese país, lo que para la fiscalía mexicana debilita el principio de buena fe y reciprocidad que debe regir en las relaciones binacionales de justicia.
