De un padrón de 180 establecimientos, más de 60 fueron sancionados inicialmente y alrededor de 30 mantienen un cierre temporal de 90 días para solventar observaciones.
La Unión de Concesionarios descartó presuntos cobros de “moches” y confirmó la ampliación del plazo para verificar hasta enero sin multas ni recargos.
Alrededor de 30 centros de verificación vehicular en el estado de Veracruz permanecen cerrados por un periodo de 90 días tras haber sido sancionados por incumplir la normatividad vigente, informó el vocero de la Unión de Concesionarios de Verificentros de la entidad, Eduardo Mario Casares Sort de Sans.
En conferencia de prensa, el representante empresarial detalló que, de los aproximadamente 180 verificentros que operan en territorio veracruzano, más de 60 fueron objeto de suspensión inicial; sin embargo, la mitad continúa bajo sanción mientras solventa las observaciones técnicas y administrativas emitidas por las secretarías de Medio Ambiente (Sedema), de Finanzas y Planeación (Sefiplan) y de Desarrollo Económico y Portuario (Sedecop).
Ante la reducción temporal en la capacidad de atención al público derivada de estas clausuras, Casares Sort de Sans recordó que las autoridades determinaron ampliar hasta el mes de enero el plazo para cumplir con el trámite de verificación vehicular, sin que los automovilistas sean acreedores a multas ni recargos.
El vocero descartó de manera tajante que los cierres respondan a represalias o actos de corrupción por parte de funcionarios estatales, desmintiendo las versiones difundidas por algunos propietarios de establecimientos clausurados que acusaron presuntos cobros de “moches” para poder operar.
Sostuvo que cualquier señalamiento de corrupción debe sustentarse con pruebas formales ante las instancias correspondientes y respaldó las auditorías emprendidas por el gobierno estatal, subrayando que el propio gremio solicitó que exista “piso parejo” en la aplicación de la ley.
Finalmente, advirtió que la Unión de Concesionarios analiza emprender acciones legales contra aquellos empresarios sancionados que han denunciado presuntas extorsiones, debido a que utilizaron el nombre de la organización sin autorización oficial para realizar dichos señalamientos.
