Un reporte emitido por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) sobre el Proceso de Entrega y Recepción Municipal reveló serias irregularidades en la transición de las administraciones locales, destacando la presencia de obras públicas pagadas o reportadas como concluidas que en realidad quedaron inconclusas, con avances mínimos o sin haber sido iniciadas.
De acuerdo con el informe especial, la fiscalización física y documental identificó inconsistencias entre lo contratado, lo pagado y lo reportado en los sistemas oficiales. Además de las obras sin terminar, el organismo detectó infraestructuras recién entregadas que ya presentan fallas estructurales, tales como grietas, desprendimientos y colapsos en pavimentos, drenajes, techados e instalaciones eléctricas, así como pagos sin soporte probatorio ni evidencia de los volúmenes ejecutados.
El expediente del ORFIS señala que en diversos proyectos municipales faltaron elementos técnicos y legales fundamentales para garantizar la calidad de los trabajos y fincar responsabilidades a contratistas, entre los que destacan:
Proyectos ejecutivos y permisos correspondientes.
Contratos, bitácoras de obra y pruebas de laboratorio.
Documentos de finiquito y fianzas de garantía.
Aunque el órgano fiscalizador advierte un elevado riesgo de daño patrimonial, aclaró que estas observaciones técnicas forman parte de los dictámenes de entrega-recepción y no constituyen por sí mismas una determinación final de presunto daño patrimonial.
El informe revela que 122 de los 212 ayuntamientos del estado (58 %) manifestaron haber recibido de forma incompleta la documentación de las administraciones salientes, al faltar por lo menos uno de los 97 apartados requeridos por ley. Entre las demarcaciones que reportaron recepciones parciales figuran Tierra Blanca, Coatepec, Banderilla, Naolinco, Acayucan y Catemaco.
En contraste, 88 municipios declararon haber recibido la información completa, mientras que de Tantima y Zontecomatlán no se dispuso de datos. El rubro de planeación fue el que registró mayor vacancia, con un 22 % de ayuntamientos que reportaron no haber recibido dicho apartado.
En el análisis aplicado a 197 municipios y 16 entidades paramunicipales, el ORFIS identificó patrones de desorden financiero y administrativo, incluyendo:
Estados financieros incompletos, sin firma o con descuadres entre contabilidad y saldos bancarios.
Cuentas por pagar a proveedores sin respaldo presupuestal y retenciones fiscales no enteradas a la Federación o al Estado.
Pagos por asesorías y auditorías externas sin evidencia ni entregables de los trabajos contratados.
Inventarios con bienes no localizados, equipos informáticos bloqueados, falta de claves de acceso y omisión de expedientes sobre juicios laborales y contratos vigentes.
El organismo precisó que los Órganos Internos de Control (OIC) de cada ayuntamiento deberán dar seguimiento puntual a estas observaciones y, en caso de persistir el incumplimiento o la falta de documentación, iniciar las investigaciones administrativas o denuncias correspondientes.
