Legisladores del PAN, MC y Alianza Generacional cuestionaron al secretario por la ola de asesinatos, extorsiones, robos carreteros y quema de vehículos en distintas regiones del estado.
El funcionario defendió sus cifras, aseguró que la seguridad está garantizada y atribuyó los recientes incendios de unidades en Poza Rica a represalias criminales tras detenciones.
En medio de reclamos por la incidencia de homicidios, extorsiones, robos en carreteras y quema de vehículos registrados en las últimas semanas, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Alfonso Reyes Garcés, compareció ante el Congreso del Estado, donde legisladores de oposición señalaron que la dependencia se encuentra rebasada por la delincuencia.
Durante su intervención, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Indira Rosales San Román, reprochó al funcionario que presumiera estadísticas sobre las mesas de construcción de paz mientras la ciudadanía vive con temor y altera sus rutinas diarias por inseguridad. La legisladora enumeró hechos violentos ocurridos en Poza Rica, Tuxpan, Coatzacoalcos, Cosoleacaque y Playa Vicente, además de los feminicidios y el doble asesinato de la regidora Juana Tzanahua Hernández y su esposo, el dirigente priista Gervacio Hernández Mellado, en Texhuacan.
“¿Todas estas personas andaban en malos pasos, como les gusta a ustedes insinuar en muchas ocasiones? ¿Son hechos aislados? No es aislado, secretario, es una constante”, recriminó la panista, quien además lo retó a recorrer las calles sin escoltas para constatar la realidad que enfrentan los veracruzanos.
Por su parte, el diputado del partido Alianza Generacional por Veracruz, Héctor Yunes Landa, cuestionó directamente al titular de la SSP sobre una posible infiltración del crimen organizado dentro de las corporaciones policiales, argumentando que ciudadanos que acuden a denunciar sufren posteriormente represalias de grupos delictivos. Asimismo, le recordó su origen foráneo y la dispensa de ley que el Poder Legislativo le otorgó para asumir el cargo.
En tanto, la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), María Elena Córdova Molina, calificó el informe oficial como un “estado de las maravillas” que contrasta con la crisis de seguridad que golpea a familias, comerciantes y sectores productivos. Citó reportes de organizaciones de transportistas sobre robos, secuestros y operadores desaparecidos, así como cifras de Coparmex respecto a empresas que han elevado su gasto en seguridad privada.
Córdova Molina también alertó sobre las extorsiones que sufren productores de vainilla, cítricos y café, además de las amenazas que han obligado a docentes a abandonar sus escuelas. Ante este panorama, exigió transparentar cuántos elementos federales han arribado a la entidad, dónde operan y qué resultados han dado.
Previo a su ingreso al pleno legislativo, Alfonso Reyes Garcés admitió que los recientes incendios de automóviles en Poza Rica pudieron derivarse de una reacción del crimen organizado ante detenciones y decomisos de armamento realizados días atrás en la zona norte.
Descartó que los hechos correspondieran a un choque armado entre grupos rivales y precisó que los delincuentes despojaron de sus vehículos a ciudadanos para prenderles fuego. “Hubo detenciones días previos y creemos que pudo haber sido una respuesta”, explicó.
Aunque reconoció que Poza Rica y Tuxpan integran una misma región con presencia de grupos delincuenciales, evitó confirmar si existe una disputa territorial entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Grupo Sombra, limitándose a atribuirlo a confrontaciones entre células delictivas. Pese a ello, afirmó que la seguridad de los veracruzanos está garantizada mediante operativos conjuntos con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Secretaría de Marina (Semar).
