Durante la gestión de Alejandro Bonilla, la entidad veracruzana se posicionó como el órgano electoral local que más recursos destinó a estas proveedoras.
Revelan esquema de simulación de competencia en licitaciones y sobrecostos de hasta 82 veces por elector a nivel nacional.
XALAPA, Ver.— El Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz encabezó a nivel nacional la lista de institutos electorales locales en la asignación de contratos a un grupo de cinco empresas proveedoras de material electoral investigadas por tráfico de influencias, conflictos de interés e irregularidades en licitaciones, presuntamente vinculadas al empresario Alfredo Hernández Casillas, cercano a la expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala.
De acuerdo con lo informado ante la Comisión de Vigilancia del Congreso Federal por Víctor Hugo Carvente Contreras, titular del Órgano Interno de Control (OIC) del INE, este grupo de proveedores acumuló a nivel nacional contrataciones por 2 mil 461 millones 75 mil 113.68 pesos entre 2014 y 2025.
De ese total, Veracruz destinó 303 millones 34 mil 103.36 pesos, convirtiéndose en la entidad con la mayor suma otorgada a la red empresarial, por encima de Coahuila (273.8 mdp) y Oaxaca (270.7 mdp).
Concentración de contratos en el OPLE Veracruz
Durante el periodo de Alejandro Bonilla Bonilla al frente del OPLE Veracruz, los 303 millones de pesos se distribuyeron principalmente entre tres de las firmas investigadas:
Cajas Graf: Concentró 141 millones 775 mil 200 pesos en 2018 para el suministro de paquetes electorales.
Formas Finas y Materiales: Recibió 161 millones 124 mil pesos en 2021.
Corporativo ZEG: Registró contratos por 134 mil 903.36 pesos.
Las otras dos empresas identificadas dentro del consorcio a nivel nacional son Comercializadora JVLY y Seriplast de México.
Monto asignado en Veracruz por proveedora:
├── Formas Finas y Materiales : $161,124,000.00 MXN
├── Cajas Graf : $141,775,200.00 MXN
└── Corporativo ZEG : $ 134,903.36 MXN
Total asignado en Veracruz : $303,034,103.36 MXN
Entramado empresarial y conflicto de interés
La investigación expuesta ante los legisladores reveló una coincidencia sistemática entre accionistas, apoderados y representantes legales de las compañías involucradas. Personas como Raymundo Francisco Hernández Casillas, José Alfredo Hernández Casillas y Patricia Velázquez Sánchez aparecen vinculadas operativamente a dos o más firmas de la red.
En el centro de las indagatorias destaca Jesús Octavio García González, exdirector ejecutivo de Administración del INE, quien previamente se desempeñaba como representante legal de Cajas Graf y Corporativo ZEG. Su paso de apoderado empresarial a titular del área encargada de gestionar los recursos e licitaciones del árbitro electoral federal encendió las alertas sobre un probable conflicto de interés.
El “modus operandi”: Simulación de competencia
El Órgano Interno de Control del INE detalló el patrón de actuación observado en 53 procedimientos de licitación pública donde participaron las empresas del grupo:
Inflación del costo de referencia: En las investigaciones de mercado previas, dos empresas del mismo grupo presentaban ofertas elevadas para inflar artificialmente el precio base.
Eliminación de competidores: Durante la licitación formal, las propuestas con costos más bajos de otros proveedores eran descalificadas por motivos técnicos.
Simulación final: Una empresa de la red presentaba una oferta alta que cumplía con las bases, mientras que otra empresa del mismo consorcio entregaba una propuesta con fallas deliberadas para ser descalificada. Así, la primera quedaba como única licitante y obtenía el contrato sin competencia real.
En el 92.5 por ciento de los concursos analizados participó al menos una dupla de las compañías del mismo grupo.
Disparidades de costos por elector
El informe reveló severas diferencias en los precios pagados por los materiales electorales entre los estados del país.
El titular del OIC estimó que, si los organismos electorales de todos los estados hubieran contratado los materiales al precio unitario más bajo disponible en el mercado, el Estado mexicano habría generado un ahorro de 1,379.23 millones de pesos en 2021 y de 1,620.30 millones en 2024.
Las autoridades competentes mantendrán las investigaciones abiertas para determinar si existieron responsabilidades administrativas o de carácter penal contra los involucrados.
