*.-La diputada local de Morena calificó de falsos los señalamientos de José Alberto Flores; sostiene que las acusaciones derivan de un conflicto por la pérdida de un equipo fotográfico valorado en 60 mil pesos.
La diputada local por el partido Morena, Dorheny García Cayetano, rechazó categóricamente las acusaciones en su contra sobre la presunta exigencia de “moches” a sus colaboradores en el Congreso del Estado de Veracruz, y advirtió que podría emprender acciones legales por daño moral contra el denunciante si este no demuestra sus afirmaciones.
La polémica surgió luego de que su excolaborador, José Alberto Flores Hernández, la señalara por solicitarle presuntamente la entrega de 14 mil 700 pesos de cada una de sus percepciones salariales a través de su secretaria particular, acusación que el joven formalizó ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción bajo el expediente 539/26 el pasado 11 de agosto.
Al respecto, la legisladora precisó que la administración de las nóminas depende de la estructura interna del Poder Legislativo y no de los diputados:
“Yo nunca recibí dinero de él, eso sí lo dejo muy claro categóricamente… Si él cree que se le debe algo o no recibió alguna percepción completa, que acuda a la instancia correspondiente y presente las pruebas”, aseveró García Cayetano.
La diputada morenista sugirió que los señalamientos en su contra podrían tratarse de una estrategia para desviar la atención de un conflicto administrativo y personal previo.
Según su versión, Flores Hernández no ha devuelto un equipo de fotografía legislativa —compuesto por cámara, micrófonos y baterías con un valor aproximado de 60 mil pesos— que ella adquirió a mensualidades y continúa pagando. Explicó que el excolaborador extravió el material tras asistir a un festejo posterior a un partido de fútbol.
“Yo no he vuelto a hablar con él; sigo esperando que responda por el equipo. Me imagino que de ahí viene la acusación, de que debe este equipo”, declaró la congresista, señalando que desconoce si detrás del tema existen también intereses de corte político.
El caso escaló a nivel estatal tras las declaraciones de la gobernadora Rocío Nahle García, quien instó a que cualquier acusación de esta naturaleza sea formalizada formalmente ante la Fiscalía General del Estado (FGE) respaldada con las evidencias correspondientes.
Finalmente, García Cayetano advirtió que no tolerará difamaciones a su imagen pública y que valorará proceder por la vía civil una vez que concluyan las indagatorias:
“No se vale inventar, porque también hay consecuencias legales para quien calumnia y causa un daño moral”, concluyó.
