El excandidato a la gubernatura de Veracruz, José Francisco “Pepe” Yunes Zorrilla, negó categóricamente que él o integrantes de su familia sean concesionarios u operadores del pozo agrícola en la comunidad de Santa Ana, señalado por pobladores de Jalacingo y Altotonga debido a presuntas afectaciones al suministro de agua potable en la región.
A través de un comunicado emitido en respuesta a las declaraciones de la gobernadora Rocío Nahle García —quien vinculó públicamente dicho aprovechamiento hídrico con el político priista y solicitó la intervención de la Comisión Nacional del Agua (Conagua)— Yunes Zorrilla urgió a las autoridades a Transparentar la situación jurídica del predio.
“No somos concesionarios de ese pozo y nada tenemos que ver con su operación. Urgimos a la autoridad competente a explicar la situación jurídica de esa concesión y a proceder conforme a derecho”, aseveró Yunes Zorrilla.
La polémica surgió tras las manifestaciones realizadas en la capital del estado por habitantes de diversas comunidades, quienes denunciaron que la extracción en la propiedad atribuida a un particular ha mermado el caudal de los manantiales que abastecen a miles de familias en Altotonga y Jalacingo, además de señalar posibles riesgos de contaminación por agroquímicos.
Durante su conferencia de prensa, la mandataria estatal instruyó a la Conagua a revisar los permisos de explotación y advirtió que de comprobarse la venta no autorizada del recurso, la concesión debe ser revocada:
“Si está comercializando el agua se le quita, porque no tiene permiso para vender agua. Le dije: ‘A ver, chequen por favor eso'”, declaró Nahle García, al tiempo que reconoció que los reportes preliminares de la dependencia federal no acreditaban técnicamente una afectación directa a otros mantos freáticos.
Pepe Yunes solidarizó su postura con los habitantes afectados por el desabasto del recurso natural y anunció que acudirá formalmente a las oficinas de la Conagua para requerir el expediente técnico, con el fin de clarificar públicamente la titularidad y las condiciones operativas de la concesión.
Asimismo, el priista arremetió contra los señalamientos del Ejecutivo estatal al considerar que carecen de sustento probatorio:
“No permitiré que la gobernadora me calumnie con la misma ligereza con la que gobierna Veracruz. Siempre he actuado con transparencia y estoy dispuesto a responder por mis actos. Quien acusa públicamente también debe estar dispuesto a conducirse con esa misma transparencia”, puntualizó.
Corresponderá a la Conagua, como autoridad federal en la materia, determinar el estatus legal del pozo, verificar el uso autorizado del volumen de agua y emitir un dictamen sobre las demandas presentadas por los pobladores.
